Este viernes amaneció en Brasil bajo el eco de una sentencia histórica. Un día después de que la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenara al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus colaboradores más cercanos por la intentona golpista del 8 de enero de 2023, el país entró en una nueva etapa de debate político y jurídico. La resolución no sólo impone consecuencias financieras y penales a los acusados, sino que también abre un camino inédito para el futuro de la relación entre las Fuerzas Armadas, la democracia y la Justicia brasileña.

El máximo cuerpo judicial del gigante sudamericano determinó que Bolsonaro y los demás condenados deberán pagar, de manera conjunta, poco más de 23 millones de dólares como reparación por los daños ocasionados a la sede de los Tres Podere

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