El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se encuentra en el centro de una controversia tras la difusión de audios que lo vinculan con la reevaluación de la sentencia del expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, conocido como "El Diablo". En estos audios, Santiváñez admite haber recibido en su despacho a la esposa de Salirrosas cuando era ministro del Interior. La situación ha generado incertidumbre sobre su permanencia en el gobierno de Dina Boluarte, ya que se están recolectando firmas para presentar una moción de censura contra el premier Eduardo Arana, quien también está implicado en el caso.

Los audios, que fueron difundidos por el programa Cuarto Poder, revelan que Santiváñez aseguró estar "moviendo cielo y tierra" para facilitar el cambio de pabellón de Salirrosas en el penal El Milagro de Trujillo. En una conversación grabada, se le escucha solicitando la intervención de Arana, lo que ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades. Santiváñez no ha negado la autenticidad de los audios y ha afirmado que atendió a la esposa de Salirrosas como parte de su labor ministerial.

En un podcast titulado "Eso háblalo", Santiváñez defendió su actuación, argumentando que no hay conducta criminal en sus acciones. "Ya existe una casación de la Corte Suprema que establece que dentro del patrocinio ilegal no puede entenderse esto como una conducta criminal", afirmó. Sin embargo, también acusó a ciertos fiscales de ser responsables de la divulgación de los audios, calificando esta acción como una "actuación criminal".

El abogado de Santiváñez, Stefano Miranda, negó que su cliente haya solicitado favores a otros miembros del gabinete para beneficiar a Salirrosas. Miranda subrayó que los audios deben ser sometidos a pericias para confirmar su autenticidad. Por su parte, el penalista Luis Lamas Puccio indicó que se debe revisar la cronología de los honorarios de Santiváñez para determinar si hubo patrocinio ilegal.

La situación ha llevado a que la Comisión de Fiscalización del Congreso cite a Santiváñez y a Arana para que expliquen los audios en una sesión programada. Aunque algunos congresistas han minimizado la importancia del asunto, otros han comenzado a trabajar en mociones de censura. La congresista Ruth Luque anunció que presentará una moción contra Arana, argumentando que ambos ministros han gestionado intereses particulares.

Mientras tanto, la controversia sigue creciendo, y la presión sobre Santiváñez aumenta, con la posibilidad de que enfrente una moción de censura por su papel en este escándalo.