La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra la antigua cúpula de las FARC por el crimen de secuestro generó un profundo debate en Colombia, con reacciones que van desde el respaldo internacional y la aceptación de los condenados hasta el rechazo de la oposición, que la calificó como una “burla” para las más de 21.000 víctimas documentadas.

La decisión impone a los siete ex miembros del Secretariado de la extinta guerrilla una sanción de ocho años de trabajos y obras con contenido reparador, que incluyen la búsqueda de desaparecidos, el desminado humanitario y la recuperación ambiental, como consecuencia de una política sistemática de secuestros que el tribunal calificó como crimen de guerra y de lesa humanidad.

El exministro del Interior, Juan Fernando Crist

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