La Fiscalía de Colombia ha presentado un escrito de acusación contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y nueve de sus exfuncionarios, en el marco de la investigación por presuntos actos de corrupción en el escándalo conocido como Aguas Vivas. Según el ente acusador, hubo un trabajo criminal conjunto que benefició a intereses particulares mediante la entrega de un extenso lote que pertenecía a la Alcaldía de Medellín, valorado en más de 40.000 millones de pesos.

La acusación, que abarca 144 páginas, sostiene que Quintero y sus colaboradores actuaron en coautoría, con un acuerdo común y una división del trabajo, lo que fue esencial para la consumación del delito de prevaricato por acción. Este delito tuvo como objetivo favorecer intereses privados. La Fiscalía ha presentado más de 48 testigos, incluidos funcionarios e investigadores, que contribuyeron a la recopilación de pruebas que demuestran la ilegalidad de la transacción del lote durante el mandato de Quintero.

El documento señala que Fabio Andrés García Trujillo, en su calidad de secretario general, aprobó y firmó el Decreto 412 de 2023, que dio curso administrativo y legal a la entrega del lote. Por su parte, Daniel Quintero, como alcalde, firmó dicho decreto, excediendo sus competencias reglamentarias y violando el régimen de competencias en materia de ordenamiento territorial.

Además, la Fiscalía ha incluido al menos 35 peritajes forenses e informes de policía judicial que respaldan su caso contra el exalcalde. Se argumenta que Quintero ignoró sus deberes funcionales, específicamente los establecidos en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, que exige que toda actuación administrativa respete la legalidad y las normas superiores.

El escrito de acusación también incluye un inventario de más de 3.000 elementos de prueba, que abarcan informes, documentos, peritajes, escrituras y avalúos, que ahora forman parte de la evidencia para demostrar las irregularidades en la gestión de la alcaldía. Con esta acusación, se inicia una nueva etapa en el proceso judicial contra Quintero, quien deberá defenderse de los cargos en un contexto electoral, ya que se postula como candidato por el partido del presidente Gustavo Petro.