El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo ha solicitado al defensor Josué Gutiérrez que retire la demanda de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley N.° 32419. Esta ley otorga amnistía a policías y militares procesados por violaciones de derechos humanos. Los trabajadores expresaron su preocupación, señalando que esta acción debilita la esencia institucional y afecta la confianza ciudadana en un organismo que ha defendido históricamente los derechos fundamentales.

En un comunicado, los empleados manifestaron su "profunda preocupación" por la posibilidad de que un TC con poca credibilidad declare constitucional la norma, lo que limitaría la capacidad de jueces y fiscales para aplicar el control difuso. "La imagen de la institución se está viendo afectada por acciones que no representan la trayectoria ética ni la neutralidad que siempre caracterizó a la Defensoría", advirtieron.

Los trabajadores recordaron que en abril, Carlos Fernández Millán, adjunto de Derechos Humanos, respaldó públicamente la Ley de Amnistía en el Congreso. Sin embargo, Gutiérrez luego afirmó que esa no era la posición institucional, sin tomar medidas contra Fernández ni emitir un pronunciamiento claro tras la promulgación de la ley. Además, señalaron que varios magistrados ya han inaplicado la norma, reconociendo su carácter inconstitucional, pero han sido objeto de ataques políticos, especialmente desde el Parlamento.

El sindicato reafirmó su compromiso con las víctimas de violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000, y exigió que las Fuerzas Armadas y la Policía separen de sus filas a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Hicieron un llamado a Gutiérrez para que evalúe el retiro de la demanda y, en su lugar, presente iniciativas legislativas para derogar la ley de amnistía.

La demanda de Gutiérrez ha generado malestar no solo dentro de la Defensoría, sino también entre familiares de víctimas y defensores de derechos humanos. Gisela Ortiz, exministra de Cultura y hermana de una víctima, afirmó que la acción de Gutiérrez representa un riesgo, exigiendo que retire la demanda. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) también cuestionó la contradicción de la Defensoría, que mostró apoyo a la norma durante su debate en el Congreso.

Familiares de víctimas de violencia han convocado a una jornada de protesta para el 18 de septiembre, bajo el lema "Hasta que la justicia se haga costumbre". La movilización comenzará frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, donde entregarán una carta exigiendo el retiro de la demanda, y luego marcharán hacia el Palacio de Justicia.

La Ley de Amnistía, promovida por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte, ha sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pidió a Perú abstenerse de aplicarla. A nivel interno, magistrados han decidido inaplicarla en varios casos. Sin embargo, el magistrado del TC, Gustavo Gutiérrez Ticse, advirtió que si el tribunal la declara constitucional, todos los jueces estarán obligados a aplicarla. En este contexto, el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció que promoverá acciones legales contra los jueces que no la apliquen.