El premier Eduardo Arana se encuentra en el centro de una controversia por presuntamente haber infringido la neutralidad electoral. Esto se debe a un pronunciamiento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en defensa del partido Fuerza Popular, en respuesta a una solicitud de la Fiscalía de la Nación para declarar la ilegalidad de dicha organización política. Un informe del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro I concluye que Arana habría vulnerado el principio de neutralidad durante el periodo electoral.

El informe de Fiscalización del JEE señala que el pronunciamiento realizado en las redes sociales oficiales de Arana favoreció a Fuerza Popular. La coordinadora de Fiscalización, Wendolyne Zapata Vidaurre, envió el documento al juez superior Hugo León Manco, presidente del JEE Lima Centro I, para que se determine si se inicia un proceso sancionador contra el jefe del gabinete.

Según el informe, la solicitud de declaratoria de ilegalidad y cancelación de inscripción presentada por el Ministerio Público está dirigida exclusivamente contra Fuerza Popular, sin que exista a la fecha otra solicitud similar contra otro partido político. Esto ha llevado a la fiscalizadora a advertir que las acciones de un funcionario en época electoral pueden influir en el apoyo a candidatos u organizaciones políticas.

El informe destaca que "todo acto de vinculación política de cualquier autoridad trae consigo efectos persuasivos" que pueden alterar la percepción de los ciudadanos, lo que podría resultar en un desbalance electoral. Por ello, se exige a las autoridades mantener la neutralidad electoral, especialmente en tiempos de elecciones.

En respuesta a las acusaciones, el premier Arana ha negado cualquier favorecimiento hacia Fuerza Popular. Aseguró que el objetivo del Gobierno es garantizar la participación de todos los partidos en el proceso electoral. "Ninguna autoridad, nadie en el Perú, puede intervenir en el proceso electoral. Nuestra intención es asegurar que cualquier organización política pueda gozar de las garantías de participación ciudadana", afirmó.

Sin embargo, Arana no mencionó que la Ley Orgánica de Elecciones permite a la fiscal de la Nación solicitar la declaratoria de ilegalidad de un partido por conducta antidemocrática. Por su parte, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, antes de ser suspendida, cuestionó la postura del Ejecutivo, argumentando que el comunicado de la PCM representa una injerencia en la autonomía del Ministerio Público y un trato diferenciado en comparación con situaciones similares del pasado.