La suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dictada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), constituye un atentado flagrante que se suma al proceso desdemocratizador en el país. La precipitación con la que se aprobaron resoluciones carentes de motivación suficiente evidencia la instrumentalización del derecho.

Es una maniobra de la coalición gobernante autoritaria compuesta por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre y Dina Boluarte, que vulnera uno de los principios más elementales del Estado constitucional, como lo es la separación de poderes.

La sanción no es contra una persona. En realidad, socava la posibilidad de que la justicia actúe con autonomía. Con ello, la JNJ debilita la capacidad del sistema democrático para hacer respetar la l

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