El Gobierno nacional avanzó con la eliminación de 71 regulaciones comerciales que influyen en los precios con el objetivo de profundizar el abandono del Estado en cuestiones de consumo que atañen a la población.

La Secretaria de Industria y Comercio impulsó, así, la derogación de las normas considerando que “habilitan controles de precios abusivos, exigen información que no es utilizada para ningún fin específico y fijan regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas”.

Todas esas normativas y regulaciones buscaban contener ciertos precios en determinados productos de consumo diario para evitar los excesos de compañías en los costos y contrarrestar los efectos de la inflación, así como también garantizar el abastecimiento de prod

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