La fugaz política de "retenciones cero" , que duró apenas tres días, desató un escándalo de proporciones y es calificada por periodistas especializados como "uno de los fraudes más grandes" de los últimos tiempos. La medida, que debía extenderse hasta el 31 de octubre, terminó beneficiando de manera exclusiva a una docena de grandes empresas agroexportadoras, que se habrían apropiado de unos 1.500 millones de dólares que debían ir a las arcas del Estado o al bolsillo de los productores.

Según las denuncias de los periodistas Rosalía Costantino (C5N) y Matías Longoni (Bichos de Campo), el gobierno de Javier Milei, a través de los funcionarios Luis Caputo y Juan Pazo, habilitó un mecanismo que permitió a este selecto grupo de empresas registrar Declaraciones Juradas de Venta al Ex

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