Durante la convención minera Perumin 37 en Arequipa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, afirmó que "la agricultura puede esperar; un proyecto minero no". Estas declaraciones generaron un fuerte rechazo entre gremios agrarios, profesionales y comunidades rurales. Manero aseguró que "la minería tiene prioridad sobre el agua", lo que fue interpretado como un cambio en la política pública del ministerio, que debería proteger el acceso al agua y a los alimentos.

La reacción más contundente provino de Conveagro, que representa a veinticinco gremios agrarios a nivel nacional. En un comunicado, la organización advirtió que "desconocer el papel de la agricultura en la seguridad alimentaria compromete a más de 33 millones de peruanos". Conveagro destacó que el sector agrícola genera más de cuatro millones de empleos, lo que representa el 30% de la Población Económicamente Activa, mientras que la minería solo alcanzará 235.000 empleos en 2024. Además, exigieron que el Midagri garantice un acceso seguro y justo al agua para la producción de alimentos.

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) también se unió a las críticas. A través de su Coordinadora Nacional de los Capítulos de Ingeniería Agronómica, recordaron que el agua es un derecho humano y un bien público estratégico. El CIP subrayó que la Ley de Recursos Hídricos establece que el uso poblacional y la producción alimentaria deben tener prioridad sobre la actividad minera. Acusaron al ministro de ignorar el marco legal y poner en riesgo la seguridad alimentaria del país, afirmando que "la agricultura es la base de la seguridad y soberanía alimentaria de más de 33 millones de peruanos".

Las comunidades rurales, representadas por la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú, también exigieron la destitución inmediata de Manero. Denunciaron que priorizar la minería sobre la producción agraria podría generar nuevos conflictos sociales y amenazar los medios de vida de millones de personas en el sector rural. Para estos colectivos, es inaceptable que la gestión ministerial favorezca al sector extractivo en un contexto de crisis climática y altos precios de insumos, que afectan la seguridad alimentaria.

A pesar de las críticas, el ministro Manero insistió en que la prioridad del gobierno es no frenar los proyectos mineros. Esto ocurre en un momento en que el sector agrícola experimenta un "año histórico", con un crecimiento del 20% en las agroexportaciones y precios estables para los pequeños productores. Sin embargo, la estrategia oficial parece postergar las necesidades del agro en favor de las promesas de ingresos futuros provenientes de la minería.