El caso de una menor indígena que quedó embarazada tras ser violada por su padre, y a la que la justicia persiguió por perder al niño después de que no se le diese la opción del aborto terapéutico, llegó a manos del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

Es la primera vez en la historia de Perú que un proceso de abuso sexual contra una niña es presentado en esta instancia, según destacó el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que lleva la defensa legal de Camila junto a la organización estadounidense Planned Parenthood.

Para ello, demandan que el Estado peruano asuma su responsabilidad de repararla integralmente, cumplir con la provisión de aborto terapéutico y desarrollar pautas que garanticen la atención integral de las niña

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