**¡Pensión Vitalicia para Castillo: El Gobierno Cumplirá!**
El jefe de Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, afirmó este miércoles que la orden judicial que instruye al Congreso a otorgar una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo debe ser cumplida. Castillo, quien se encuentra encarcelado por cargos de rebelión y corrupción, ha visto cómo la Corte Superior de Lima le ha dado la razón en su demanda de amparo, declarando que se vulneró su derecho a la igualdad ante la ley.
Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arana subrayó que el Ejecutivo no tiene otra opción que acatar la medida judicial. "Yo no voy a responder sobre un caso particular o un nombre. No puedo politizar el hecho. En principio, toda decisión judicial debe cumplirse", indicó el premier.
La Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Congreso conceder la pensión vitalicia a Castillo, después de que el Legislativo rechazara este pedido en dos ocasiones durante 2024. El juez Alexis Anicama comparó la negativa del Congreso hacia Castillo con el beneficio concedido al exdictador Alberto Fujimori, quien recibió una pensión tras su excarcelación en 2023, a pesar de haber sido condenado por corrupción y homicidio.
La ley establece que la pensión de un exjefe de Estado equivale al salario de un parlamentario, lo que se traduce en aproximadamente 8.400 dólares mensuales. Aunque Castillo no ha sido condenado, permanece detenido desde finales de 2022, tras intentar disolver el Parlamento. Su sucesora, Dina Boluarte, asumió el cargo tras su destitución.
El abogado de Castillo, Walter Ayala, ha confirmado que solicitará la ejecución anticipada de la sentencia, lo que obligaría al Parlamento a cumplir con la orden judicial. Sin embargo, el Congreso ha presentado un recurso de apelación para que la decisión sea revisada por una sala constitucional de Lima, lo que significa que la situación aún no es definitiva.
La decisión del Poder Judicial ha generado un intenso debate en la opinión pública y entre sectores políticos, ya que reconoce el derecho de Castillo a recibir una pensión vitalicia a pesar de los cargos penales que enfrenta. La controversia se centra en la aparente contradicción entre el trato dado a Castillo y el otorgado a Fujimori, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre la igualdad ante la ley en el país. La situación sigue en desarrollo, a la espera de un pronunciamiento de segunda instancia.