La Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de ley que modifica la Ley 26.122 con el objetivo de restringir el uso y los efectos de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), lo que significó un nuevo revés para el Gobierno nacional, que se oponía a la iniciativa impulsada por sectores de la oposición.

La reforma establece que los DNU deberán ser tratados obligatoriamente por ambas Cámaras del Congreso en un plazo máximo de 90 días desde su emisión, garantizando así un control parlamentario más estricto sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.

Además, introduce un cambio sustancial respecto al régimen vigente: si una sola de las dos Cámaras del Congreso rechaza un decreto, este perderá automáticamente su vigencia, sin necesidad de que ambas lo hagan en forma conjunta.

Hasta a

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