La reforma a la Ley de Amparo, aprobada en el Senado el 2 de octubre de 2025, marca una regresión histórica en la protección de los derechos humanos en México. Al restringir suspensiones provisionales y endurecer los criterios de acceso, debilita un instrumento esencial contra los abusos del poder público.

Aunque el 8 de octubre se eliminó la retroactividad, el daño jurídico y simbólico persiste. La modificación coloca la “eficiencia procesal” por encima de la justicia efectiva, restando fuerza a una herramienta histórica que durante décadas permitió frenar actos de autoridad contrarios a la Constitución.

Uno de los cambios más controvertidos redefine el concepto de “interés legítimo”. Ahora exige demostrar daños “individuales o colectivos, reales y diferenciados”, lo que complica la def

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