El exministro de Transportes José Luis Ábalos no ingresará en prisión. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordó este miércoles mantenerle en libertad provisional , conservando las medidas cautelares ya vigentes: retirada del pasaporte , prohibición de salir de territorio nacional y comparecencias quincenales ante el juzgado. La decisión llega tras una vistilla en la que la Fiscalía Anticorrupción valoró la existencia de cierto riesgo de fuga , pero no solicitó su ingreso en prisión; sí lo hizo la acusación popular encabezada por el PP, que pidió prisión provisional o, subsidiariamente, fianza de 650.000 euros .

El auto del instructor subraya que Ábalos ha comparecido siempre a las citaciones, que los registros y principales diligencias ya se han practicado y que no se aprecian indicios suficientes de riesgo de destrucción de pruebas . Añade, además, el arraigo personal, familiar y económico del investigado en España como elemento que dificulta cualquier intento de fuga. La resolución contrasta con la adoptada en junio respecto al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán , para quien sí se decretó prisión provisional , así como con la situación que en su día afrontaron los empresarios Víctor de Aldama y Claudio Rivas en otra pieza.

La comparecencia de Ábalos estuvo precedida por un tenso cruce con el juez. El exministro se acogió a su derecho a no declarar , pero antes trató de justificar la renuncia de última hora a su abogado, José Aníbal Álvarez , formalizada el lunes. Puente, que había advertido en un auto que ese movimiento podía suponer un “fraude de ley” para forzar una suspensión, le atajó con un “Esto no es el Congreso, dígame si va a declarar o no” , después de que el diputado del Grupo Mixto le interrumpiera en varias ocasiones alegando indefensión . Finalmente, el letrado acudió y le asistió en Sala, si bien a la salida ambos se marcharon por separado .

El telón de fondo lo marca el informe de la UCO del pasado 3 de octubre , que pone el foco en pagos en metálico al exministro y a su exasesor Koldo García —citado para este jueves— presuntamente no respaldados documentalmente por el PSOE, y en gastos no justificados por parte de Ábalos por 95.437 euros . El análisis policial también recoge el supuesto lenguaje en clave utilizado en chats: “chistorras” (billetes de 500 euros), “soles” (200) y “lechugas” (100), además de las “cajas de folios” con las que se aludiría a efectivo.

La causa especial investiga un presunto entramado de comisiones en torno a contratos de emergencia durante la pandemia de la Covid-19 , adjudicados desde el Ministerio de Transportes y otras administraciones, con una comisión del 10% como pauta presunta. El valor agregado de los contratos bajo lupa supera los 50 millones de euros , y varias adjudicaciones se habrían tramitado con controles atenuados por la vía de emergencia.

En paralelo, la defensa de Koldo García ha solicitado la nulidad parcial del procedimiento al entender que el instructor habría excedido el perímetro del suplicatorio autorizado por el Congreso para proceder contra Ábalos, que —sostiene— se ceñía a adjudicaciones sanitarias durante la pandemia y a determinados alquileres , pero no a un “muestreo” patrimonial genérico. El Supremo resolverá en fase de instrucción.

La investigación continúa . El juez Puente ha reclamado nuevos informes a la Guardia Civil y mantiene abiertas diligencias sobre la documentación intervenida. Queda por practicarse la declaración de Koldo García y, a medio plazo, el instructor deberá decidir si la suma indiciaria justifica la apertura de juicio oral por delitos que, en las distintas piezas, abarcan organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación .

Con su decisión de hoy, el Supremo contiene el impacto procesal inmediato sobre Ábalos, pero no despeja las dudas que sobrevuelan el uso de efectivo , la contabilidad partidaria y la trazabilidad de determinados gastos. Las próximas semanas, con nuevas diligencias y declaraciones, serán determinantes para el futuro judicial del exministro.