CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha abierto un intenso debate que podría redefinir los mecanismos de protección de derechos de las personas con discapacidad en México. El Pleno está revisando el criterio que, hasta ahora, obligaba al Poder Legislativo a consultar a este sector antes de aprobar cualquier norma que les afecte, bajo el riesgo de que la ley sea declarada inconstitucional.

La controversia se ha centrado en una propuesta impulsada por la ministra Lenia Batres, quien busca modular la obligatoriedad automática de la consulta previa, reservándola a casos donde la ley restrinja o afecte negativamente los derechos.

El cambio de enfoque ha generado una fuerte preocupación entre organizaciones de la sociedad civil y colectivos de personas con

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