LIMA (AP) — Miles de jóvenes peruanos marcharon el miércoles en ciudades de la costa del Pacífico, los Andes y la Amazonía para exigir la renuncia del presidente interino José Jerí y de los legisladores, al igual que la derogación de leyes que a su entender favorecen la criminalidad.

Los manifestantes, entre los que había organizaciones autodenominadas Generación Z, quemaron frente al Congreso un violín gigante de cartón cubierto por una banda presidencial y lanzaron fuegos artificiales a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y perdigones, según presenció la AP.

Aunque en el mundo la expresión Generación Z corresponde a menores de 30 años, en Perú las protestas también incluyen a sindicalistas y familiares de civiles muertos en las manifestaciones de 2022 y 2023.

La Defensoría del Pueblo informó, sin dar detalles, que 27 policías y 11 civiles resultaron heridos. Al menos cuatro periodistas fueron impactados por perdigones, y uno de ellos, Juan Mandamiento, recibió 10 en el brazo, pecho y cuello, según la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.

Algunos manifestantes llevaban banderas negras con un símbolo del anime japonés One Piece —una calavera pirata con un sombrero de paja—, en forma similar a otras banderas exhibidas en protestas similares contra los gobiernos de Nepal, Madagascar, Filipinas, Indonesia y Marruecos.

En una plaza de Lima donde suelen efectuarse protestas, el electricista David Tafur, de 27 años, cubría su espalda con la bandera negra. “El caso mío es la indignación por el abuso de autoridad, la corrupción, las muertes”, manifestó, y recordó cómo las cifras de asesinatos subieron de 676 casos en 2017 hasta 2.082 en 2024.

Tafur indicó que decidió acudir a protestar luego de enterarse de la manifestación en TikTok, y señaló que sintió cautivado por la historia del pirata Monkey D. Luffy, un personaje del anime japonés que se enfrenta a gobiernos corruptos.

“Luchamos por lo mismo, contra los corruptos, que además aquí son asesinos”, declaró, y recordó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte se sostuvo desde que comenzó en diciembre de 2022 pese a más de 500 protestas en su contra y 50 manifestantes muertos.

Boluarte fue destituida el viernes luego que los principales partidos en el Congreso le retiraron el apoyo cuando falta medio año para las elecciones generales, en las que se elegirá a 130 diputados, 60 senadores y un nuevo mandatario. Jerí, un legislador de 38 años, la reemplazó en el poder de forma interina.

En la misma plaza limeña, otros levantaban carteles que decían “protestar es un derecho, asesinar es un delito”. Una mujer llevaba un letrero con la frase: “de una asesina a un violador, la misma porquería”, calificando de forma crítica el cambio de gobierno ocurrido la semana pasada.

El nuevo mandatario era el presidente del Congreso y había llegado a ese puesto luego de un acuerdo entre los principales partidos, que apoyaron a Boluarte durante todo su gobierno. Esa es la razón por la que diversos expertos lo consideran una continuación del gobierno de la expresidenta.

Pero las críticas contra Jerí también se han incrementado debido a que el actual presidente enfrentaba una investigación por presunta violación sexual, luego de una denuncia realizada por una mujer. La fiscalía archivó la indagación en agosto, pero continúa para otro hombre que acompañaba a Jerí el día en que habrían ocurrido los hechos. En la protesta, más de 20 mujeres vestidas de camisetas blancas y faldas rojas gritaban “el violador es Jerí” o "Jerí es violín", en referencia a una jerga en la que violín significa violador sexual.

Los manifestantes también criticaron que Jerí, mientras fue legislador, votara en favor de al menos seis leyes que, según sostienen, debilitan la persecución del crimen. Esas normas eliminan la detención preliminar en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.

En la ciudad de Juliaca, la estudiante Judith Cruz, de 23 años, dijo a la prensa que marchaba por todos los jóvenes. “Defendemos tus derechos para que no te amenacen cuando quieras tener un emprendimiento”, indicó, y puso de relieve la enorme alza en el número de extorsiones, que aumentaron desde 2.305 en 2020 hasta 21.746 en 2024, según la fiscalía.

"También queremos que dejen de criminalizar las protestas", añadió Cruz.

La víspera, Jerí nombró primer ministro a Ernesto Álvarez, un exjuez muy activo en redes sociales que cerró sus cuentas en X e Instagram horas antes de juramentar.

Álvarez dijo que el movimiento peruano Generación Z es una “banda que quiere tomar por asalto la democracia” para supuestamente controlar los comicios generales de abril, y señaló que no representa a la juventud que estudia y trabaja.

El primer ministro también afirmó que dicha generación es “heredera” del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, un grupo peruano al que Estados Unidos calificó como terrorista hasta 2001.

Las manifestaciones de la Generación Z de Perú empezaron hace un mes y se caracterizaron por llevarse a cabo los fines de semana. En un principio pretendían cambios en la ley de pensiones, que obligaba a los más jóvenes a realizar aportaciones, lo cual reducía aún más sus escasos ingresos.

Finalmente, el Congreso anuló los aportes obligatorios a los más jóvenes.

“Luego del tema de las pensiones llegaron varios malestares detrás, que tienen que ver con la inseguridad, con cómo se ha ido destrozando la capacidad estatal en el Perú y con la corrupción”, apuntó Omar Coronel, profesor de sociología de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que estudia las protestas.

Coronel indicó que los jóvenes de la Generación Z en Perú no están ideologizados, suelen informarse en las redes sociales, y rechazan profundamente a las élites autoritarias.