El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha iniciado una investigación de oficio por las “graves disfunciones” reveladas en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. La institución ha expresado su “consternación” y “honda preocupación” por los retrasos en los diagnósticos, que han generado una crisis sin precedentes en el Gobierno de Moreno , obligado a prescindir de su Consejera de Salud a pocos meses de las elecciones autonómicas. La intención de Maeztu, ha dicho, es “contribuir a esclarecer las causas, el alcance sanitario y los posibles daños derivados de la falta de comunicación de resultados a miles de mujeres que participaron en este programa preventivo”.

En una nota, el Defensor enfatiza que “es la primera vez” en 30 años de funcionamiento del programa que “nos vemos obligados a iniciar una investigación de carácter general y no restringida a casos individuales”. Jesús Maeztu considera que “concurren razones suficientes por la alarma social generada, el reconocimiento público de las deficiencias y la necesidad de reparación justa de los posibles daños sufridos”.

La investigación del Defensor, una autoridad independiente que nombra el Parlamento andaluz, se suma a las ya abiertas en sede judicial. La Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si los errores tienen relevancia penal, en cuyo caso presentaría la correspondiente denuncia. Y tanto IU como Adelante han presentado sendas querellas por posibles delitos de homicidio y lesiones imprudentes, y omisión del deber de prestar asistencia sanitaria. Los abogados de la asociación Amama, que destapó el caso, están valorando si presentan una denuncia colectiva o muchas individualizadas.

“Especialmente grave”

El Defensor explica en su nota que el “detonante” han sido los testimonios de mujeres afectadas y las manifestaciones públicas de la asociación Amama, unido a la “confirmación” por parte de responsables de la Consejería de Salud de que, “al menos”, 2.000 mujeres con resultados “no concluyentes” desconocían su situación al no haberles sido trasladada la información obtenida en sus mamografías de cribado.

El cribado de cáncer de mama, activo desde 1995, realiza cada año alrededor de 450.000 mamografías a mujeres de entre 49 y 71 años. El objetivo es detectar lesiones en fases iniciales para mejorar el pronóstico, reducir la mortalidad y evitar intervenciones mutilantes. Sin embargo, para Maeztu, “lo ahora conocido pone en entredicho el principio esencial del programa: garantizar la detección precoz ofreciendo información y respuesta sanitaria en tiempo y forma”.

La institución califica de “especialmente grave” que las mujeres con hallazgos catalogados como lesiones “dudosas” o no concluyentes “no hayan sido informadas, ni citadas para completar el estudio o realizar seguimiento evolutivo”. “Esta situación podría comprometer el derecho a la protección de la salud y vulnerar la normativa sanitaria vigente sobre información clínica”, apostilla.

El Defensor del Pueblo andaluz subraya que el derecho de las pacientes a conocer los resultados de cualquier prueba diagnóstica está recogido en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente. La ausencia de comunicación, además de lesionar derechos, puede suponer “una pérdida de oportunidad asistencial y genera daños evitables”.

Pide información sobre la carga asistencial del servicio

Hasta ahora, el Gobierno de Moreno ha sido incapaz de perimetrar el alcance de la crisis : no ha acotado el origen del problema, ni siquiera puede cuantificar con certeza a cuántas mujeres afecta, y hay dudas de que no se extienda a otros programas de cribado. Este miércoles, Moreno anunció una inversión extra de 100 millones de euros y la contratación de 700 sanitarios. También puso al frente de Salud a su mano derecha, Antonio Sanz , un consejero de marcado perfil político para embridar una crisis que, según entienden en San Telmo, no es solo sanitaria sino también comunicativa .

El Defensor ha solicitado a la Consejería de Salud y al SAS “información precisa” en tres bloques, y un cuarto punto que consistiría en conocer el resultado de la investigación y de la auditoría.

En primer lugar, el Defensor pide que se aclaren las razones que han llevado a no comunicar determinados resultados del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Quiere saber si esta práctica responde a un protocolo, a instrucciones internas o a otro tipo de criterios; si se aplica en todo el sistema sanitario público o sólo en algunos centros --indicando cuáles--, y cuántas mujeres se han visto afectadas, tanto en número como en porcentaje, ya sea por falsos positivos o por resultados que no se han considerado comunicables.

En segundo lugar, el Defensor requiere datos sobre la atención prestada a las mujeres que obtuvieron resultados dudosos o no concluyentes. Para ello solicita conocer la carga asistencial de los servicios de radiodiagnóstico de los hospitales públicos andaluces, los tiempos de respuesta, el número de profesionales que integran estos servicios --incluidos los radiólogos-- y cuántas mujeres están aún pendientes de completar su estudio diagnóstico, tanto las derivadas del propio programa como las que proceden de otros circuitos asistenciales.

El tercer bloque de información se refiere a la gestión y evaluación del propio Programa de Detección Precoz. La institución quiere saber si existen “mecanismos establecidos” para “revisar” sus resultados y procedimientos, con qué periodicidad se han aplicado desde 2022, qué actualizaciones o mejoras se han introducido y en qué aspectos.

El Defensor también solicita el acceso a los informes de evaluación disponibles desde ese año y a los indicadores básicos y complementarios registrados. Además, pregunta por la actividad desarrollada hasta ahora por la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz, si cuenta con una planificación en marcha o si necesita desarrollo normativo para ejercer sus funciones.