La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, ha expresado su preocupación por la reciente decisión del TC en el caso de Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular. Esta sentencia ha dejado sin efecto la acusación fiscal por presunta financiación irregular en sus campañas electorales de 2011 y 2016. Durante su intervención en el programa Prueba de fuego de RPP TV, Ledesma advirtió que el TC ha "interferido en un juicio oral", lo que vulnera el artículo 139.2 de la Constitución, que prohíbe la interferencia de cualquier autoridad en procesos judiciales en curso. "El Tribunal ha decidido afectar esa investigación, incluso afirmando que no existe actividad delictiva", señaló. Ledesma criticó que el TC ha realizado un "control de legalidad" sobre situaciones que no son de su competencia, ya que estas evaluaciones deben ser realizadas por jueces ordinarios del Poder Judicial. La expresidenta del TC indicó que esta decisión ha generado un conflicto dentro del sistema de justicia, planteando la disyuntiva para los jueces sobre qué criterios aplicar: los establecidos por la Corte Suprema en la casación 617-2021, que aborda el lavado de activos, o lo dictado por el TC en este caso. La abogada explicó que, según la Corte Suprema, cualquier dinero que esté vinculado a actividades delictivas puede ser considerado como lavado de activos. Además, mencionó que existen diversas formas de financiamiento, y si se demuestra que las contribuciones provienen de actividades ilícitas, se configura el delito. Ledesma también criticó la falta de coherencia del TC al tratar de manera desigual casos similares. "A la mayoría de ciudadanos le dice no en todas estas historias; sin embargo, en el caso de Keiko Fujimori, se ignora toda la jurisprudencia y se atiende de manera diferenciada", afirmó. La expresidenta del TC advirtió que esta "intromisión" ha generado un conflicto abierto entre el TC y la Corte Suprema, creando un "choque de trenes" en la jurisprudencia sobre el lavado de activos. Finalmente, concluyó que será responsabilidad de la Corte Suprema decidir si mantiene sus criterios en los casos de Humala, Villarán y, eventualmente, en el de Keiko Fujimori.