El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido dejar sin efecto la acusación fiscal contra Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, en el caso conocido como ‘Cócteles’. Esta decisión se basa en la vulneración de derechos fundamentales de Fujimori, según lo declarado por César Ochoa, magistrado del TC, en el programa Ampliación de Noticias. Ochoa explicó que la resolución se fundamenta en dos derechos: el derecho a la legalidad penal y el derecho a un plazo razonable de investigación. "Son dos [derechos] que están tutelados en esta sentencia: tanto el derecho a la legalidad penal como el derecho al plazo razonable", afirmó. El caso ‘Cócteles’ investiga la presunta financiación irregular de las campañas electorales de Fujimori en 2011 y 2016. Ochoa destacó que la investigación ha durado una década, lo que ha generado problemas entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. "Hemos considerado, del análisis del caso, la devolución que han tenido los actuados, varias veces del Poder Judicial al Ministerio Público, que ya había una afectación al derecho al plazo razonable", añadió. El magistrado también subrayó que el derecho al plazo razonable está protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Al ser preguntado sobre un plazo adecuado para una condena, Ochoa indicó que, en su opinión, "con una década, ya se había vulnerado el plazo razonable". En cuanto a la naturaleza de la decisión del TC, Ochoa negó que esta constituyera una interferencia en el Poder Judicial. Aclaró que las acciones del TC están enmarcadas en el Código Procesal Constitucional y que su pronunciamiento se basa en la protección de derechos fundamentales. "Aquí lo que se tutela es el derecho a la legalidad penal, en este caso a que se respete la tipicidad penal que es un derecho fundamental previsto en el artículo 224 de la Constitución", concluyó. La decisión del TC ha generado un debate sobre la duración de las investigaciones judiciales y la protección de los derechos de los acusados en el sistema legal peruano.