La Corte Suprema confirmó la decisión del Tribunal Superior de Neiva, que había determinado que la Contraloría Departamental del Huila debía ser reconocida como víctima procesal en el caso que involucra al exgobernador Luis Jorge Pajarito Sánchez. El exmandatario es investigado por presuntas irregularidades en contratos suscritos durante su administración con la Fábrica de Licores de Antioquia, hechos que habrían generado perjuicios al departamento.

El alto tribunal consideró que la Contraloría tiene la obligación constitucional de proteger los intereses fiscales del Huila y, por tanto, su intervención en el proceso resulta legítima y necesaria para garantizar la reparación del daño patrimonial.

Implicaciones

La decisión tiene un fuerte eco en el panorama político regional, pues fortale

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