La Corte Constitucional declaró exequible la mayor parte de un proyecto de ley estatutaria que busca proteger a las personas del cobro de deudas y de reportes negativos en centrales de riesgo cuando son víctimas de suplantación de identidad.
La Corte declaró inconstitucional la parte del artículo 5 que obligaba a la persona suplantada a presentar una copia de la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación solo para poder pedir a la entidad los documentos y soportes con los que se cometió el fraude.
Según la Corte , exigir la denuncia como un requisito para que la persona pueda consultar la propia información personal viola los principios de transparencia y el derecho de acceso del titular a sus propios datos.
El proyecto establece un mecanismo claro para que las víctimas se d

El País

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