La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una iniciativa para prevenir, investigar y sancionar el delito de la extorsión , en particular el que es cometido desde el interior de los principales penales en el país, reconociendo la incapacidad que ha tenido el Estado mexicano para “ejercer un control efectivo dentro de sus propias instituciones”.

Sin embargo, lo hizo sin incluir responsabilidad para compañías telefónicas, sin establecer un monto presupuestario específico para ello y otras deficiencias, advierten diversos especialistas en la materia.

Un fenómeno cuya importancia radica en que estos ilícitos no solo proceden de los diversos centros de readaptación social y centros de internamiento para menores que hay en el país, sino además de los principales penales de máxima seguridad

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