El Ministerio de Consumo ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro , por el supuesto cobro de comisiones ilegales a los inquilinos, relativas a la gestión, la obligación de contratar un seguro o la imposición de servicios no solicitados. Según ha adelantado la organización Facua en un comunicado publicado este lunes, la inmobiliaria habría cometido un total de siete infracciones de la normativa de protección de los derechos de los consumidores.

Por ahora, la propuesta del departamento que dirige Pablo Bustinduy no es firme, sino que pasa ahora a la fase de valoración del secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán. La decisión definitiva se espera para los próximos meses, tras el análisis de las alegaciones presentadas por Alquiler Seguro, quien ha defendido en todo momento que cumple con la norma “a rajatabla”.

La Dirección General de Consumo inició sus actuaciones hace más de un año, tras detectar posibles prácticas abusivas en varias agencias inmobiliarias . Esas investigaciones surgieron tras recibir varias denuncias sobre este tipo de comportamientos por parte del Sindicato de Inquilinas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la propia Facua Consumidores en Acción. Precisamente, desde Facua han tenido acceso a la millonaria propuesta de sanción al estar personada como parte del procedimiento.

En concreto, según indican desde Facua, entre las irregularidades detectadas estarían “la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble; y la obligación de contratar un seguro del hogar —cuestión que también debe competer al arrendador— y un estudio de solvencia económica, así como limitar el derecho de desistimiento del contrato e imponer igualmente a los inquilinos todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales”.

En total, se trata de seis infracciones calificadas como “muy graves” y una más, como “grave”. Por la imposición del servicio de atención al inquilino, que en realidad “no les reportan ningún beneficio y que solo es una forma de cargar sobre ellos una serie de gastos que debería afrontar el propietario del inmueble”, indica Facua, Consumo habría propuesto una multa de un millón de euros. Por obligar a los inquilinos a pagar por un seguro del hogar, la cuantía asciende a 990.900 euros.

Además, se proponen otras tres sanciones, de medio millón de euros cada una, porinfraccioness muy graves relativas a cargos relacionados con posiciones deudoras y reclamaciones judiciales y por introducir una cláusula de autorización para la inclusión en ficheros de morosos y solvencia patrimonial. Por ejemplo, hacerse cargo de los gastos derivados de la devolución de recibos, aunque no sea culpa de los inquilinos, o afrontar los gastos de todos los gastos y costas de los procesos judiciales en los que se vean inmersos, independientemente de que haya condena en costas o no.

La cuantía aumenta por otras dos propuestas de sanción, informa Facua. Una de 100.001 euros por la renuncia al derecho de desistimiento sobre el servicio de atención al inquilino y la “grave”, de 10.001 euros, por la imposición a los inquilinos del pago de un estudio de solvencia económica.

El Ministerio de Consumo anunció a finales de marzo la apertura de un expediente sancionador , pero nunca ha mencionado a ninguna empresa concreta para proteger las actuaciones. En aquel momento, se refirió a “una gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional”. De hecho, fue la propia Alquiler Seguro quien reconoció haber recibido ese expediente que debían “analizar”, según indicó en una rueda de prensa el CEO de la compañía, David Caraballo, quien defendió que la empresa cumplía la norma “a rajatabla”.