Rusia deporta a civiles a Georgia desde territorio ocupado en Ucrania, según la comisión de investigación de la ONU

“Vete y más te vale no volver. Tenemos gente que no va a ser libre en mucho tiempo. Y algunos desaparecen por completo, y nadie los encuentra. Alégrate de salir vivo y sano. No siempre es así, créeme”. Así recuerda un hombre las palabras de un miembro del convoy que lo deportó en un paso fronterizo entre Rusia y Georgia. Los expertos independientes que investigan para la ONU los crímenes cometidos en Ucrania recogen su testimonio en un nuevo informe que concluye que las autoridades rusas han deportado a civiles adultos a Georgia desde las zonas ocupadas por el Ejército de Vladímir Putin en la región de Zaporiyia, al sureste de Ucrania, cometiendo crímenes de guerra.

En el documento, presentado a la Asamblea General, la llamada Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania recoge que tales deportaciones se han llevado a cabo en 2024 y 2025 a través de territorio ruso. Las víctimas son personas adultas, hombres y mujeres –de diversas profesiones, orígenes y edades– y los autores, según la comisión, las acusaron de negarse a cooperar con las autoridades rusas, de negarse a obtener un pasaporte ruso o de tener opiniones proucranianas.

Los autores los transportaron a la frontera entre Rusia y Georgia y les ordenaron cruzarla. El punto en concreto es el puesto de Verjni Lars, según la comisión, que documenta cómo empleados de la llamada “Dirección de Asuntos Migratorios” establecida en la región ocupada y otras autoridades rusas organizaron el transporte y escoltaron a grupos de víctimas hasta el paso fronterizo. “Saludos del FSB [los servicios secretos rusos]. No eres tonta, y si regresas, te dispararán en la cabeza”, le dijo un hombre del convoy a una mujer deportada en el cruce, según el testimonio de la afectada. 

Antes de las deportaciones, según describe la comisión, los miembros del FSB y otras autoridades rusas solían efectuar registros domiciliarios, arrestar y detener a las víctimas, confiscarles documentos de identidad importantes y otras pertenencias. Algunas personas fueron sometidas a tortura. Las deportaciones se ordenaban a menudo mientras las personas afectadas se encontraban detenidas, con muy poca antelación o sin previo aviso. En la frontera entre Rusia y Georgia, reza el documento, generalmente les devolvían los documentos confiscados, pero no siempre lo hicieron, lo que les complicaba más las cosas. 

“Las circunstancias de los casos documentados por la comisión demuestran un profundo desprecio por la vida y la dignidad humanas. Los autores infligieron un dolor y un sufrimiento mental a las víctimas, que fueron separadas de sus familias y hogares y, a menudo, tuvieron que empezar una nueva vida desde cero”, ha dicho en una rueda de prensa Vrinda Grover, una de las tres integrantes del grupo de expertos. Según precisa Grover, la embajada de Kiev en Georgia ha recibido más de 540 denuncias de civiles que afirman haber sido deportados de Ucrania.

“Naciste en el lugar equivocado”

Los perpetradores leyeron o entregaron órdenes de deportación que mencionaban la decisión de no permitir “la entrada a la Federación rusa” por períodos de 20 a 40 años. Las expulsiones fueron ordenadas por la denominada Dirección de Asuntos Migratorios de la Dirección General del Ministerio del Interior de Rusia para la región de Zaporiyia, uno de los cuatro territorios que Moscú dijo absorber en 2022 en una anexión ilegal bajo el derecho internacional. “Comunicaron la decisión de deportar a las víctimas ‘del territorio de la Federación de Rusia’, refiriéndose a las zonas que las autoridades rusas han ocupado en Ucrania. Las decisiones invocan la legislación de la Federación de Rusia sobre el ‘estatus jurídico de determinadas categorías de ciudadanos extranjeros o apátridas en la Federación de Rusia”, indica el informe.

Sin embargo, más allá de esos documentos, las autoridades rusas generalmente se negaron a comunicar los motivos de las deportaciones. Los expertos recogen el testimonio de una mujer que preguntó cuál era la razón a los hombres armados que irrumpieron en su apartamento, la detuvieron y le informaron de su próxima deportación. “Naciste en el lugar equivocado”, le respondieron.

El papel de las autoridades georgianas no formó parte de la investigación del grupo de expertos, a los que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encargó la tarea de indagar en los abusos y crímenes derivados de la invasión rusa en Ucrania. “Sin embargo, las entrevistas realizadas por nuestro equipo de investigación muestran que las autoridades georgianas no impidieron la entrada en Georgia de los ucranianos a quienes las autoridades rusas habían despojado de sus documentos de identidad. Y, una vez dentro del país, se les permitió quedarse y pudieron recibir ayuda de ONG que prestaban apoyo a los civiles ucranianos deportados”, explica la comisión a elDiario.es .

Traslados a territorio controlado por Ucrania

Desde su creación en 2022, el grupo de expertos ha documentado diferentes situaciones en las que las autoridades rusas han deportado o trasladado a civiles, adultos y niños, desde territorios que quedaron bajo su control en Ucrania. Durante las investigaciones recientes, se ha centrado en Zaporiyia, desde donde también ha documentado que civiles adultos fueron trasladados en 2022 y 2023 a territorios controlados por el Gobierno ucraniano, a través del puesto de control de Vasilivka. Eran acusados por Rusia de no cooperar, de llevar a cabo actividades consideradas desestabilizadoras o de tener una postura proucraniana, de acuerdo con los investigadores. 

Las circunstancias de los casos documentados por la comisión demuestran un profundo desprecio por la vida y la dignidad humanas

Vrinda Grover — Experta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania

El informe recoge que agentes del FSB y otras autoridades los arrestaron, detuvieron e interrogaron, registraron sus casas y confiscaron documentos, dinero, teléfonos, vehículos, llaves y otras pertenencias. “Muchas víctimas fueron objeto de violencia o amenazas de violencia, y fueron coaccionadas para que firmaran documentos preimpresos o dictados o hicieran declaraciones autoincriminatorias ante la cámara”, señala la comisión.

Los traslados se llevaron a cabo en un entorno “coercitivo y peligroso”. Les ordenaron que avanzaran a pie a través de una zona operativa de entre 10 y 15 kilómetros de longitud para llegar al territorio controlado por el Gobierno ucraniano, en una zona operativa muy peligrosa para los civiles con minas terrestres y trincheras, mientras oían disparos y bombardeos en las cercanías, según el informe, que se basa, entre otras cosas, en entrevistas a a 226 personas y el análisis de más de 500 vídeos, así como fotografías, imágenes satelitales y otros documentos.

La comisión concluye que las autoridades rusas han cometido crímenes de guerra en las deportaciones y traslados en las zonas ocupadas de Zaporiyia y también ha constatado que, en ambas situaciones, los actos se han cometido durante períodos prolongados, lo que indica que fueron sistemáticos, mientras que las pruebas demuestran que diversas entidades rusas han actuado “de manera organizada y coordinada”, y conforme a una política estatal. Las autoridades de ocupación de la región, incluido el “gobernador” nombrado por Rusia, han actuado conjuntamente con miembros del FSB para deportar o trasladar a civiles ucranianos.

Ataques con drones incesantes

Por otro lado, la comisión ha documentado cómo los ataques recurrentes perpetrados por las fuerzas armadas rusas con drones contra múltiples objetivos civiles en la orilla oeste del río Dniéper –en las regiones de Dnipropetrovsk, Jersón y Mykolaiv– han obligado a miles de personas a huir de las zonas atacadas. Es una zona que se extiende a lo largo de más de 300 kilómetros. 

“Las unidades militares de las fuerzas armadas rusas desplegadas en una zona geográfica que se extiende a lo largo de tres regiones, pero que operan bajo un mando centralizado, han atacado a personas y bienes civiles con drones durante más de un año”, concluye el informe. Estos causaron la muerte y heridas a civiles (también entre los equipos de respuesta), además de provocar daños y destrucción a gran escala, lo que hizo que muchas zonas quedaran inhabitables. La comisión sostiene que forman parte de un patrón y que han sido generalizados y sistemáticos. “El entorno coercitivo, el terror y la devastación resultantes dejaron a miles de personas sin otra opción que huir”, señala el equipo de expertos. 

“Estos ataques incesantes también siembran el terror entre la población civil y constituyen, por lo tanto, violaciones de numerosos derechos humanos”, ha dicho Pablo de Greiff, otro de los expertos de la comisión.

En resumen, además de expulsar a los civiles ucranianos mediante deportaciones y traslados, las autoridades rusas han coordinado “sistemáticamente” acciones para echarlos de sus casas mediante ataques con drones. La comisión cree que estos ataques constituyen un crimen contra la humanidad por traslado forzoso de población, al formar parte de una “política coordinada” para expulsar a la población civil de esos territorios. Además, prosiguen los investigadores, también equivalen al crimen de lesa humanidad de asesinato y crímenes de guerra de dirigir intencionadamente ataques contra civiles y bienes de carácter civil.

Los investigadores han intentado verificar las denuncias del bando de Moscú sobre ataques con drones en zonas que están bajo el control de las fuerzas armadas rusas en la orilla este del río Dniéper. Pero las autoridades rusas no permiten a la comisión acceder a los territorios que controlan y tampoco han respondido a sus preguntas, lo que, junto a las preocupaciones por la seguridad de los testigos, ha hecho que los expertos no hayan podido concluir su investigación por falta de pruebas suficientes. 

Afectados por la crisis presupuestaria de la ONU

De hecho, Moscú no respondió a 35 solicitudes escritas de acceso, información y reuniones de la comisión, a la cual no reconoce. Además de la falta de cooperación del país invasor, la labor del grupo de expertos está sufriendo los estragos de la crisis presupuestaria que azota a la ONU porque sus Estados miembros no han estado pagando las cuotas asignadas.

“La situación financiera, sigue siendo muy mala y nuestra situación ha ido a peor. Empezamos nuestro trabajo con unas 24 personas empleadas y ahora hemos bajado a 13. Pero seguimos concentrando nuestros recursos para mantener la calidad de nuestro trabajo. ”Es un reto. Nuestros investigadores y nuestro personal están muy comprometidos y nos esforzamos mucho por mantener el mismo nivel en los informes“, ha dicho el presidente de la comisión, Erik Møse.

“Y lo mismo ocurre con los viajes. Antes íbamos con más frecuencia a Ucrania, intentábamos hacer quizás dos viajes al año, pero ahora no ha sido posible. Y este año, gracias a una cuidadosa gestión presupuestaria y a la reasignación de recursos, podemos ir a principios de noviembre. Así que, en cierto modo, esto demuestra que la crisis de liquidez nos afecta gravemente. Pero seguimos trabajando”, sentencia.