Delia Espinoza, la suspendida fiscal de la Nación, enfrenta una nueva denuncia penal por presunto peculado de uso. Según el documento al que se tuvo acceso, la acusación sostiene que Espinoza continuó utilizando vehículos oficiales del Ministerio Público a pesar de su suspensión formal desde septiembre de 2025, dictada por la Junta Nacional de Justicia.

La denuncia fue presentada por el abogado y candidato aprista Luis Caya, quien argumenta que Espinoza Valenzuela utilizó vehículos oficiales asignados a su antiguo cargo, a pesar de no tener derecho a ello tras su separación provisional de la función fiscal. En particular, se mencionan las unidades con placas EGW-711 y EGW-715, que habrían sido empleadas durante el tiempo en que estaba suspendida, lo que contraviene la normativa interna del Ministerio Público y diversas disposiciones legales peruanas.

El documento de la denuncia indica que la conducta de Espinoza encuadra en el delito de peculado de uso, tipificado en el artículo 388° del Código Penal. Este artículo sanciona a los servidores públicos que utilizan bienes estatales para fines ajenos al servicio, con penas de prisión de entre dos y cuatro años, además de inhabilitación y multas que pueden variar entre ciento ochenta y trescientos sesenta y cinco días-multa.

El documento también señala que, tras su suspensión, Espinoza dejó de ejercer cualquier función o autoridad en el Ministerio Público, lo que implica el retiro inmediato de los bienes asignados para el cumplimiento de sus tareas. Aunque la ley permite que, en casos de necesidad de servicio, se tomen disposiciones distintas, el caso de Espinoza no se ajusta a esta excepción, ya que se encuentra suspendida por mandato legal.

La denuncia coincide con una reciente decisión del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien ordenó la devolución de los vehículos oficiales que habían sido asignados a Espinoza. En un oficio, Gálvez solicitó que los vehículos utilizados por la exfuncionaria hasta el 28 de octubre se reintegren a la Subgerencia de Transportes a partir del 29 de octubre de 2025. Esta medida se da a pesar de las recomendaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio, que sugería que Espinoza podía seguir utilizando los vehículos por motivos de seguridad personal, basándose en un informe de la Policía Nacional del Perú que indicaba un “alto riesgo” para su integridad física.

Además, existe una medida cautelar que busca reinstalar a Espinoza en su cargo, aunque esta disposición no ha sido cumplida por la Junta Nacional de Justicia hasta el momento. La situación de Delia Espinoza continúa generando controversia y atención en el ámbito judicial y político del país.