El congresista Edwin Martínez Talavera ha presentado una denuncia constitucional contra la expresidenta de Perú, Dina Boluarte Zegarra, así como contra los exministros César Sandoval Pozo y Raúl Pérez-Reyes Espejo. La denuncia fue interpuesta ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y se basa en la aprobación del Decreto Supremo N.º 015-2025-MTC. Este decreto permite la extensión del contrato de concesión del Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR S.A.) en el puerto de Matarani, Arequipa, por un nuevo plazo de 30 años, a pesar de que el contrato original debía finalizar en 2029.

Martínez argumenta que esta extensión es "ilícita, ilegítima e indebida" y que se ha evadido la realización de un concurso público para seleccionar un nuevo concesionario. En su denuncia, el congresista sostiene que esta acción atenta contra la libre competencia y carece de una adecuada valoración del interés público. Además, solicita que se inhabilite a los denunciados por un periodo de 10 años para ejercer funciones públicas y que la acusación sea remitida a la Fiscalía de la Nación para que se inicie una acción penal.

La denuncia se fundamenta en la presunta violación de varios artículos de la Constitución, así como en la posible comisión de delitos como colusión y negociación incompatible, tipificados en el Código Penal. Martínez destaca que la aprobación del decreto restringe la participación de otros agentes económicos en el mercado, lo que podría generar prácticas anticompetitivas y limitar las oportunidades para ciudadanos y emprendedores en el sector portuario.

El congresista también ha instado al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, y al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, a derogar el decreto supremo en cuestión. Según Martínez, esta medida es crucial para evitar que un único agente privado controle de manera desregulada la actividad económica en el puerto de Matarani, lo que podría perjudicar la competencia y la calidad de los servicios ofrecidos a la población. La situación sigue en desarrollo y se espera que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tome acciones al respecto.