Siempre he sido un ferviente defensor de la libertad de expresión y todavía más de la inmunidad parlamentaria, pero esta última creo que a partir de ahora con indudables y lógicas reservas.

El espectáculo que los españoles vivimos y, por si también en esta ocasión el lenguaje inclusivo se quedara corto, también las españolas, fue vergonzoso hasta decir basta.

No sé si para suerte o puede que quizás para mi desgracia, porque hoy contaría con ese reconocido mérito en mi haber, nunca estuve en los sótanos de la Dirección General de la Seguridad del Estado, pero estoy convencido de que ni en los tiempos más duros de la dictadura habría protagonizado interrogatorios tan torturadores, tan carentes de las imprescindibles garantías procedimentales y tan ignorantes de la presunción de inocencia como aquellos a los que, debido a mi obstinación por estar al día de la actualidad política, lamentablemente vi por televisión con ocasión de la celebración de la Comisión del Senado para la investigación del caso Koldo .

De entrada, el nombre no acababa de cuadrarle del todo porque si bien era el caso Koldo, Ábalos y Cerdán y si el presidente del Gobierno se avergonzaba o no de ellos, también acabaron siendo el de la financiación ilegal del PSOE , el caso Air Europa, el caso Begoña Gómez , el caso de su hermano y cual era su domicilio, el caso de su suegro fallecido y si financió su campaña y no se sabe de cuántos parientes más, el caso Leire Díez, el caso de si Venezuela es o no una democracia, el caso del aterrizaje de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Madrid, el de si medió Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el caso de la entrega de la alcaldía de Pamplona a BH Bildu, el de la banda del Peugeot y cuántas plazas tenía ese coche así como si en su interior se hacían chistes machistas, el de la frecuencia con la que comparecía ante el Senado, el de la pandemia de la Covid y su repercusión para uno de los interrogadores, el de la foto que se hizo junto a Víctor Aldama –todos sabemos que cualquiera que haya alcanzado una mínima fama acaba haciéndose fotos con el primero que se la pide-, el caso de si el juez Peinado es o no un facha con toga, y seguro que si hubiera nacido mucho antes se le hubiera preguntado por la cogida de Manolete en Linares.

Todo este desbarajuste entre el objetivo inicialmente programado para la Comisión y el que acabó teniendo fue deliberadamente consentido por su presidente, quien en las escasas ocasiones en que intervino lo hizo para llamar al orden al interrogado por decir lo que todos los espectadores estábamos pensando, que aquello era más un circo que una Comisión de Investigación , y para tranquilizar a los interrogadores anunciándoles que el tiempo de sus intervenciones sería prorrogado. Nunca para corregir a los de UPN, Vox ni menos aún al del PP por sus modos de interrogar en los que compelían al presidente del Gobierno para que contestara con escuetos síes o noes a preguntas que, por su naturaleza, exigían respuestas mucho más matizadas, posiblemente porque una mayor extensión podría escocerles y por nada del mundo deseaban escucharla.

Impasible se mostraba el presidente de la Comisión ante preguntas en las que los mismos que las formulaban ofrecían sus respuestas; en las que apenas formuladas ya adivinaban que no serían contestadas por la contumaz tendencia del interrogado a faltar a la verdad, sin dar oportunidad a que fueran respondidas porque tras una primera se planteaba una segunda sin aguardar a la respuesta de la anterior, porque lo que realmente les interesaba no era escuchar respuestas, sino formular preguntas con la mayor agresividad posible, si duda conocedores de que esa actitud puntuaba ante su partido.

Los portavoces de UPN, Vox y PP, premeditadamente, conformaron un trío en el que los tonos irían in crescendo , de menos a más para culminar en el Sr. Miranda quien, por representar a su partido, era el que más tendría que callar.

Pero es que además, estando obligado el compareciente a decir la verdad, no advertí que el presidente de la Comisión le recibiera ni juramento ni promesa para que cumpliera con ese deber; tampoco consta que le informara de que no estuviera obligado a responder a aquellas preguntas si sus respuestas pudieran incriminarle o afectaran a sus familiares en un determinado grado.

Si las consecuencias de que el compareciente faltare a la verdad son las de cometer un delito de falso testimonio, previsto y penado en el artículo 502.3 del Código Penal, las garantías deben de ser exactamente las mismas que las de para cualquier testigo y, entre ellas, la de que el presidente de la Comisión no debiera haber tolerado preguntas que situaran al compareciente en la disyuntiva entre incriminarse o cometer un delito de falso testimonio.

De cualquier manera, está claro que ni tan siquiera esta carencia de garantías mermaron la serenidad del presidente del Gobierno, no del de la Comisión, quien no calló en la trampa de ponerse a la altura de sus interrogadores, quienes se fueron como habían venido, sin nada, con las manos vacías pero con el público reproche a su ignominiosa intervención.

José Castro Aragón

Exmagistrado