Cada elección presidencial vuelve a poner sobre la mesa la vieja promesa de “más inversión para las regiones”. Pero el problema no es solo de recursos: es de gestión. No se trata de transferir más dinero, sino de reformar el Estado desde las regiones, fortaleciendo sus capacidades para planificar, ejecutar y sostener su desarrollo.

El Perú arrastra una brecha de infraestructura que supera los S/ 370 mil millones, según el MEF. Sin embargo, año tras año, los gobiernos regionales y locales devuelven recursos al Tesoro Público por no poder ejecutarlos. En 2023, el nivel de ejecución promedio apenas llegó al 67 %, y en algunos gobiernos subnacionales no superó el 50 %. Esto no se resuelve con más presupuesto, sino con un cambio profundo en la forma en que se gestiona.

Mientras Lima concentra

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