El pleno del Parlament convalidó este miércoles el decreto del Govern que condona pagos indebidos, por error de la Administración o de las entidades encargadas de hacer el seguimiento, a jóvenes extutelados que se encuentren en situación de vulnerabilidad. La norma fue avalada por el PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y la CUP, mientras que se opusieron a ella el PPC, Vox y el grupo mixto de Aliança Catalana.

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, explicó durante el debate en el pleno que la que se ha adoptado es “la única medida” que el Govern podían tomar “con humanidad”.

Argumentó que estos pagos indebidos son resultado de una falta de recursos de la administración combinada con el uso de un modelo de gestión obsoleto, a lo que ya se está poniendo remedio.

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