La Audiencia Nacional ha absuelto al comisario José Manuel Villarejo por segunda vez en menos de un mes. En esta ocasión le juzgaba por haber accedido a datos reservados de un empresario marbellí que mantenía un litigio urbanístico con una mujer que había contratado al comisario, por entonces en activo en el Cuerpo Nacional de Policía. La Fiscalía Anticorrupción, que dirige Alejandro Luzón, solicitaba nueve años de cárcel para Villarejo.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala absuelven al comisario jubilado de los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos de particulares cometido por funcionario público al considerar que no consta que Villarejo tuviera participación en los hechos investigados. En el mismo juicio han resultado condenados a un año de cárcel a los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla como autores de un delito de descubrimiento de secretos de particulares. Riaño y Bonilla han sido absueltos del cohecho pasivo.

Según los hechos probados de la sentencia, una vecina de Marbella, Marzena Kartzyna Nikiel, contactó el 24 de julio de 2015 con Rafael Redondo, socio de Villarejo y abogado en en el despacho Stuart&Mckenzie, para que le ayudara en un conflicto que mantenía con el empresario Felipe Gómez Zotano.

En el marco de este encargo, unos días más tarde, el 18 de agosto, un inspector destinado en la Comisaría General de Información, al igual que el acusado Constancio Riaño, también Inspector de la UCAO, jefe de sección de relaciones institucionales y superior inmediato de aquel otro, efectuó una incursión con la clave que tenía asignada -sin responder tal acceso a supuesto alguno de los que le habilitaban a tal efecto- a la información de la totalidad de las Escrituras Públicas que había otorgado Gómez Zotano ante Notarios españoles y que obraban en el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado (OCP). 

Una vez se hizo con dicha información, relata la resolución, el policía se la envió a su supeior, el acusado Constancio Riaño Prieto. Este úlitmo la remitió desde su correo profesional a la entidad ANBYCOL de Antonio Bonilla, entonces en situación administrativa de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía. Bonilla, a su vez, remitió la información al correo electrónico de Rafael Redondo en la compañía CENYT, perteneciente al grupo de empresas de Villarejo. Con esos datos, el acusado Bonilla analizó la información notarial de Zotano conforme al acuerdo suscrito con Cenyt.

El informe elaborado con los datos obtenidos del empresario, denominado “Informe Prejudicial. Investigación prejudicial, patrimonial y análisis documental de Felipe Gómez Zotano”, fue posteriormente incorporado al procedimiento penal incoado en el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella a raíz de la admisión a trámite de la querella presentado por Marzena Kartzyna contra el ejecutivo marbellí.

“La información obtenida del OCP en la forma expuesta fue la que nutrió el informe de 7 de septiembre de 2015, no constando que en los acontecimientos descritos tuviera participación el acusado José Manuel Villarejo Pérez”, sostiene la Sala en su sentencia. En esta pieza número 8 del denominado caso Tándem, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una condena de 8 años para Bonilla y y 4 años y 9 meses para Riaño. Finalmente han sido condenados a un año de prisión.

Segunda absolución en tres semanas

La Sala de lo Penal absolvió el pasado mes de octubre a Villarejo en la pieza por el encargo que le hizo un empresario al que no pagaba una deuda Fernando Martín. En juicios anteriores, Villarejo era condenado de varios delitos y exculpado de cohecho, con el argumento de que no se servía de su condición de policía para fabricar los dosieres que luego vendía. En esa pieza resuelta hace tres semanas, el tribunal no ha encontrado pruebas de que cometiera ese ni el resto de delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción. 

El empresario José Moya Sanabria contrató a Villarejo para que le ayudara a resolver el conflicto que mantenía con la compañía Martinsa Fadesa y con su presidente, Fernando Martín, con el fin de recuperar la inversión de 100 millones que había hecho en una inmobiliaria. En la sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta absuelven a Villarejo y a su socio, Rafael Redondo, de los delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos a terceros (cometidos por funcionario público en el caso del comisario) y de falsedad en documento mercantil. Anticorrupción pedía 23 años de cárcel para Villarejo y 19 para Redondo.