Hace apenas unas semanas, el Consejo Fiscal encendió las alarmas a nivel nacional: más de 200 leyes aprobadas por nuestro “honorable” Congreso están afectando seriamente las finanzas públicas en el corto, mediano y largo plazo, advirtiendo sobre las consecuencias que esto traerá para la sostenibilidad fiscal del país. Ante semejante panorama, el Gobierno no tuvo más remedio que emitir un decreto de urgencia para implementar medidas de austeridad e intentar evitar que el país termine directo en la quiebra.

El decreto establece tres puntos centrales: agilizar la aprobación de transferencias financieras, reducir el gasto no esencial —adiós a la publicidad, consultorías, viajes y eventos—, y priorizar únicamente las inversiones que ya cuentan con respaldo técnico, dejando el resto en pausa in

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