Durante la quinta jornada de formalización del caso conocido como "Muñeca Bielorrusa", la Fiscalía y las defensas de los imputados intercambiaron acusaciones sobre vulneraciones al debido proceso. La audiencia estuvo marcada por momentos de alta tensión, especialmente en su primera mitad. Los abogados de los imputados criticaron a la Fiscalía por actuar sin objetividad y manipular la audiencia para mantener a sus clientes en prisión preventiva. El defensor de Mario Vargas, Sergio Contreras, cuestionó la incorporación de nuevos antecedentes durante la audiencia, argumentando que esto rompía el principio de igualdad de armas. Afirmó que el Ministerio Público estaba "mejorando su caso sobre la marcha" y exigió que, si se admitían los nuevos antecedentes, se realizaran diligencias inmediatas en 24 horas. Esto incluía la declaración de 17 ministros de la Corte Suprema y otros testigos relevantes. Las defensas de Eduardo Lagos presentaron una incidencia similar, alegando que la actuación de la Fiscalía afectaba el equilibrio del proceso. El abogado José Luis Andrés, defensor de Lagos, sugirió que, debido a las irregularidades, podría solicitarse el sobreseimiento temporal de la causa. "Parece tan grave la situación, que la Fiscalía durante el desarrollo de un debate estuviese realizando diligencias con 24 horas de velocidad", indicó. La jueza Ibacache reconoció falencias en la actuación fiscal, advirtiendo que no se había cumplido plenamente con el principio de objetividad. Sin embargo, permitió la exposición de los nuevos antecedentes, considerando que la investigación seguía en curso. El fiscal adjunto, Marco Muñoz, defendió la legalidad de su actuar, afirmando que las diligencias se realizaban "en todas las direcciones" y no solo contra los imputados. La tensión aumentó cuando las defensas denunciaron la filtración de un informe a la prensa, apuntando al Ministerio Público. La Fiscalía se desmarcó, asegurando que los antecedentes ya estaban en manos de las defensas tras levantarse el secreto. En la segunda parte de la jornada, la Fiscalía retomó el control del debate, presentando un relato detallado de los movimientos financieros de los imputados. El Ministerio Público mostró que, días antes del 4 de julio de 2023, la empresa Movitec transfirió $30 millones a la oficina Lagos Vargas y Asociados. Posteriormente, Gonzalo Migueles vendió 15.600 dólares, obteniendo $12,3 millones que depositó en su cuenta. Según la Fiscalía, esos dólares no correspondían a una compra previa, ya que el dinero original fue utilizado en gastos personales. La Fiscalía argumentó que esta secuencia de transferencias y depósitos configura la ruta del dinero proveniente del consorcio Belaz-Movitec, cuyo destino final habría sido beneficiar a Migueles y Vivanco. También se presentaron registros de visitas que confirmaron que la exministra acudió al estudio jurídico de Lagos y Vargas el 4 de julio, un día antes del depósito bancario. Además, los análisis financieros revelaron que Vivanco y Migueles mantenían gastos superiores a sus ingresos, dependiendo de inyecciones periódicas de efectivo sin trazabilidad. El Ministerio Público amplió su exposición, señalando que la relación entre los imputados no era una amistad desinteresada, sino una red de conveniencia. La jueza Ibacache volvió a cuestionar los tiempos del Ministerio Público, preguntando por qué esas pruebas no se presentaron antes. El fiscal destacó que Vargas y Lagos compartían oficina y asistieron a una cena en casa de la exministra el mismo día en que se ingresaron escritos en la causa Belaz-Movitec. Finalmente, el Ministerio Público concluyó que la evidencia reunida confirma una estructura coordinada para canalizar pagos encubiertos a una alta autoridad judicial, justificando la prisión preventiva por la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga.