El Gobierno español ha decidido llevar a los tribunales a la Comunidad de Madrid debido a su negativa a crear un registro de sanitarios objetores de conciencia para practicar abortos, tal como lo exige la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023. La ministra Mónica García criticó la postura de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirmando que "ha decidido declararse en rebelión contra el derecho de las mujeres al aborto". El Ejecutivo central había dado un plazo de un mes a Madrid, Aragón y Baleares para establecer este registro, siendo las únicas comunidades autónomas que aún no lo habían hecho. Este plazo finalizó a la medianoche del viernes, y solo doce horas después, el Ministerio de Sanidad anunció su decisión de acudir a los tribunales. La respuesta de la Comunidad de Madrid no se hizo esperar. Ayuso había dejado claro en la Asamblea de Madrid que "no se va a señalar a nadie" y sugirió que quienes deseen abortar deberían "irse a otro lado". Tras la demanda del Gobierno, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, reafirmó la postura de la región, indicando que "preferimos que sea un tribunal quien indique lo que se debe hacer, antes que un Gobierno sectario". La ley de 2023 establece que la objeción de conciencia es un derecho individual que debe ser manifestado por escrito y con antelación. Además, el artículo 19 de la norma exige la creación de un registro de objetores, garantizando así la seguridad jurídica y el respeto al derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo. La oposición de Ayuso a esta ley ha generado tensiones dentro del Partido Popular (PP). Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, ha optado por mantener un perfil bajo en este asunto, que ha dividido a las diferentes corrientes del partido. Mientras que el sector más liberal acepta la interrupción del embarazo, los conservadores y democristianos se oponen firmemente. En este contexto, las exigencias de Vox, que condiciona su apoyo a la oposición al aborto, complican aún más la situación para el PP.