Tras diez días de vista oral, el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz , por un presunto delito de revelación de secretos, ha quedado visto para sentencia. Siete magistrados del Tribunal Supremo deberán deliberar sobre los distintos elementos que han marcado un proceso en el que han comparecido 40 testigos entre el 3 y el 13 de noviembre.

El tribunal valorará los testimonios más relevantes, la nota de prensa impulsada desde la Fiscalía General —pieza central del caso— y el análisis de los investigadores de la Guardia Civil, que situaron al fiscal general en el «dominio» de la información filtrada sobre las negociaciones entre la Fiscalía y el abogado del empresario Alberto González Amador , pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Los investigadores señalan a García Ortiz: «Tenía el dominio de todo lo que sucedía»

Entre las declaraciones más comprometedoras para el fiscal general figuran las de los miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, autores de los informes que durante la investigación señalaron directamente a García Ortiz.

El teniente coronel Antonio Balas afirmó ante el tribunal que «¿quién tiene esa información? La tiene la Fiscalía General. Todo lo que se ha filtrado textualmente antes estaba en manos de la Fiscalía General del Estado». Y añadió que, incluso en el caso de que otro miembro del equipo hubiese dado algún paso, «lo que haga esa Fiscalía General no lo va a hacer sin conocimiento ni dominio del fiscal general».

Sobre la nota de prensa, una de las piezas clave del procedimiento, el mando de la UCO sostuvo que «es el fiscal general quien dice y quien mueve esa nota de prensa y quien tiene la urgencia de darla».

También rechazó que debieran investigar a otras personas sin indicios: «Nosotros no hacemos investigaciones prospectivas. Las investigaciones se centran en personas sobre las que hay indicios». Y remarcó su experiencia: «Yo solo llevo investigando desde 1999…».

González Amador: «El fiscal general me había matado públicamente»

El empresario Alberto González Amador , afectado directamente por la filtración, ofreció una de las declaraciones más intensas del juicio. Ante el tribunal, aseguró que la difusión del correo enviado por su abogado —en el que se admitía la comisión de dos delitos fiscales durante las negociaciones con la Fiscalía de Madrid— lo dejó sin defensa posible.

«Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Estaba muerto. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente», afirmó, girándose hacia el acusado.

Declaró que la nota de prensa fue «el origen» de su situación: «Estoy indefenso, sin presunción de inocencia y muerto jurídica, social y económicamente». Y concluyó con una frase que marcó la sesión: «O me voy de España o me suicido».

El delito imputado a García Ortiz es el de revelación de secretos del artículo 417.2 del Código Penal, con penas de dos a cuatro años de prisión cuando afecta a datos de un particular.

La nota de prensa también se filtró antes de su envío oficial

Durante el juicio se confirmó un hecho que había pasado inadvertido en la instrucción:
la nota de prensa de la Fiscalía General también fue filtrada antes de su envío oficial a los medios.

La directora de Comunicación de García Ortiz, Mar Hedo , admitió que el texto se publicó inicialmente en El País a las 07:14 horas del 14 de marzo de 2024 , varias horas antes de que el gabinete de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid lo distribuyera a las 10:22 horas .

Según el instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, la filtración del correo de González Amador y la emisión de la nota formaban una «unidad de acto», motivo por el que ambas fueron incorporadas al objeto del juicio.

La Abogacía: «Nunca habíamos vivido algo que fracturara así el derecho de defensa»

El juicio también estuvo marcado por el testimonio del decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón , cuya intervención reforzó el carácter «inusitado» de la actuación de la Fiscalía.

El ICAM ya había presentado una querella en 2024 por esta actuación, y Ribón reiteró que las conversaciones entre un abogado y la Fiscalía para alcanzar una conformidad son «absolutamente confidenciales». Añadió: «Sin confidencialidad no es posible una defensa libre (…) Sin abogados libres no hay justicia».

Calificó la situación como inédita: «Nunca habíamos vivido una situación que fracturara de esa manera el derecho de defensa».

Sobre la nota de prensa, explicó que uno de los elementos que «puso en pie de guerra» al Colegio fue «la transcripción literal del contenido de los correos y el señalamiento de hora, minuto y todos los detalles». Y subrayó que «no era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos».