Madrid. El juez Juan Carlos Peinado ha convocado a declarar esta tarde a Judit Alexandra González, actual secretaria general de Presidencia, en el marco de la investigación sobre la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta diligencia se produce tras la imputación de Francisco Martín, el actual delegado del Gobierno en Madrid, quien ocupó el mismo cargo que González anteriormente.

Peinado investiga si la contratación de Álvarez podría constituir un delito de malversación de caudales públicos. En este contexto, el juez ha citado también a tres testigos: Diego de Alcázar, presidente del Instituto de Empresa; Miguel Escassi, responsable de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google, y Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid.

Doadrio, quien ya ha comparecido en varias ocasiones, explicó que Begoña Gómez le presentó a Álvarez como una persona de confianza. Además, se reveló que Álvarez mantuvo una comunicación constante con Doadrio sobre la cátedra de Transformación Social Corporativa, intercambiando un total de 121 correos en tres años. En uno de estos correos, Álvarez solicitó que se designara un contacto de la universidad para colaborar con el proyecto, lo que llevó a que Google aportara 40.000 euros anuales.

El juez Peinado ha argumentado que el uso de fondos públicos para pagar a una persona que realiza funciones privadas es un comportamiento que merece reproche penal. En su resolución, el magistrado criticó la actitud del actual delegado del Gobierno en Madrid, señalando que no evitó que Álvarez realizara funciones ajenas a su cargo.

La Audiencia de Madrid aún debe resolver los recursos sobre las imputaciones en este caso, que ha generado gran expectación mediática y política. La investigación sigue su curso, mientras se espera que las declaraciones de los testigos aporten más claridad a este asunto que involucra a altos funcionarios del Gobierno.