PP y PSOE utilizan los informes de la UCO para sacudirse mutuamente en un espectáculo poco edificante. A los socialistas se les acaban los argumentos para ignorar lo que hicieron Santos Cerdán y La Paqui en una vida a todo tren pagada con presuntos sobornos

Coches, casas y hasta una administración de lotería: el pelotazo del 'caso mascarillas' que salpica al PP de Almería

Todos los partidos dicen que hay que dejar trabajar a la justicia, pero lo que les pone cachondos de verdad son los informes de la UCO. Allá por 2009, Alberto Núñez Feijóo dijo que “un informe policial no es una decisión judicial”. Qué tiempos aquellos de la Gürtel. Claro que entonces el PP creía que los informes policiales los escribía Rubalcaba en los ratos libres que le dejaba negociar con ETA. Todos éramos más jóvenes y más ingenuos. Ahora estamos un poco más tensos y resabiados.

La actividad parlamentaria de estos días está muy centrada en lo que podríamos llamar lanzamiento de informes de la UCO. Vuelan de lado a lado del Hemiciclo con la aviesa intención de acertar al rival en toda la cara. Los grandes expertos en esta disciplina olímpica son el PP y el PSOE. Pueden servir para condenar a uno de los otros o para exonerar a uno de los tuyos. Están condimentados con distintas salsas mediáticas. Es posible que el político en cuestión no cite el informe, sino el titular a cuenta del informe, mucho más creativo.

Esperando a que los socialistas pronunciaran la palabra ‘Almería’, Feijóo demostró en su primera intervención en la sesión de control lo mucho que ha cambiado su opinión desde 2009. El informe policial va a misa, y además se le añade un extra de cosecha propia con el que enriquecerlo. “¿Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% para el PSOE?”, preguntó. Aun siendo una pregunta retórica, no hay que olvidar que el informe de la UCO no dice en ningún momento que las cantidades pagadas por empresas tuvieran como destino las cuentas del partido. Da la impresión de que Feijóo se inspiró sobre todo en la portada de ABC del miércoles.

Lo que en ese periódico aparece como “el triángulo delictivo” entre el PSOE y Acciona con Santos Cerdán en la posición destacada, en otros resulta ser la conexión de Acciona con el Gobierno. El asunto tiene menos impacto si se limita a lo que aparece en el informe, la acusación a Cerdán de actuar como enlace entre las empresas constructoras y el Ministerio de Transportes, lo que viene a ser José Luis Ábalos y Koldo García. Había muchas amigas, familiares, viviendas y vacaciones que financiar.

El informe dice claramente que tanto Cerdán “como su entorno familiar habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil” Servinabar. No dice nada de financiación del PSOE. Si las conclusiones de la UCO son relevantes, y lo son aunque menos que lo que decida el juez instructor, vale para todo su contenido, no para lo que imaginas a partir de su contenido.

En el otro lado del ring parlamentario, también hubo una mención a otro informe policial, pero esta vez para acusar al PP de haber atacado a un ministro inocente. “¿Cuándo van a pedir perdón al ministro Víctor Torres cuando ya hay un informe de la UCO que pone de manifiesto que cero indicio de criminalidad en su persona?”, dijo Félix Bolaños. El PP ha pasado tanto tiempo dando por hecho que Torres estaba implicado en los negocios de Ábalos y Aldama que no entiende que no haya sido encarcelado.

El ministro de Política Territorial afirmó en una más de las muchas preguntas que le ha hecho el PP que ya ha dado explicaciones y que ha respondido a dos interpelaciones, cuarenta preguntas parlamentarias y seis sesiones en comisiones de investigación sobre el asunto: “Lo que está claro es que ustedes han practicado la difamación”.

De momento, Torres sólo ha sido imputado en los titulares de cierta prensa y en las palabras de Víctor Aldama, que va cambiando su testimonio en función de las circunstancias.

Sánchez hizo una referencia muy de pasada a la detención del presidente de la Diputación de Almería, que ostentaba uno de los cargos clave para entender el dominio electoral del PP en la provincia andaluza. Su vicepresidente y otras cuatro personas fueron también arrestadas en una operación llevada a cabo por la UCO cumpliendo órdenes de un juzgado de Almería. Montero y Bolaños se extendieron algo más en el pleno. El PSOE no está para desaprovechar esos regalos y menos a unos meses de las elecciones andaluzas.

Estos son momentos en que los partidos implicados tienden a copiar sus argumentarios. Miguel Tellado casi no admitía que le preguntaran por Almería. “Comparar ambos casos...”, empezó mientras se liaba con la respuesta hasta terminar con lo que quería decir: “Son radicalmente distintos”. Para establecer esas diferencias, afirmó que “ellos mantuvieron a Ábalos y nosotros actuamos el primer día”.

Es gracioso porque se trata del mismo argumento –también podría llamársele excusa– que emplea siempre Sánchez sobre la situación de Ábalos y Cerdán. La última en la rueda de prensa con Zelenski el martes: “El Gobierno de España y la organización que lidero, desde el primer minuto que se conocieron estas informaciones, hemos colaborado con la justicia y actuado con contundencia”.

Evidentemente, el presidente andaluz, Juanma Moreno, tampoco sabía nada de los presuntos delitos de Almería y afirma que ha reaccionado con rapidez con la suspensión de la militancia de los detenidos. En política, es más conveniente ser efectivo que ser original.

En los presuntos casos de corrupción política, es importante reaccionar con rapidez, pero no es un remedio infalible ni absuelve de responsabilidades. El desprestigio te cae encima como una losa, porque a los principales cargos de un partido o Gobierno se les supone un mínimo de honestidad. Al menos, estar en el lado bueno del Código Penal. A partir de ahí, la cantidad defraudada o robada cuenta a efectos de la investigación judicial, pero no es menos grave si el botín no asciende a millones ni está escondido en Suiza.

El PSOE tendrá que encajar, y aún no está claro cómo, que ese supuesto paradigma de la sobriedad que era Cerdán –persona de la total confianza de Sánchez– recibiera dinero de forma ilegal para pagarse el alquiler de un caro ático (casi 3.000 euros durante 15 meses), las vacaciones en Ibiza y Tenerife y todas las comidas de él y su mujer en un restaurante cercano a su domicilio. En números, son cincuenta cargos por 7.470 euros, lo que da una media de 152 euros por comida.

En el plano más fácil de caricaturizar, la esposa de Cerdán tenía la costumbre de desenfundar con frecuencia la tarjeta de crédito de Servinabar en sus compras. “La Paqui, que le conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Gastar y gastar”, según dijo Antxon Alonso, dueño de Servinabar, a su mujer en un mensaje enviado en 2021.

Bien mirado, La Paqui puede ser un problema de reputación para el PSOE mucho mayor que lo que pueda decir Feijóo.