Feijóo y Moreno coordinan sus estrategias para minimizar el impacto de la redada de Guardia Civil y evitar que les afecte en sus respectivos objetivos: retener la mayoría absoluta en Andalucía y tumbar a Pedro Sánchez por el ‘caso Santos’
Coches, casas y hasta una administración de lotería: el pelotazo del 'caso mascarillas' que salpica al PP de Almería
Era imposible saber lo que estaba pasando en la Diputación de Almería. Es el mantra que repiten una y otra vez los dirigentes del PP nacional y del andaluz tras la redada de la Guardia Civil que ha terminado con el presidente y el vicepresidente de la institución provincial, entre otras personas, en prisión acusados de cobrar comisiones ilegales de contratos públicos.
El problema del argumento es que esa misma diputación ya fue registrada en 2021, por el mismo caso. Y con detenidos. Entre ellos, el entonces vicepresidente tercero de la diputación, Óscar Liria. Tanto él como su sucesor, Fernando Giménez G, fueron citados a comparecer en la comisión de investigación que abrió el Congreso precisamente para indagar sobre los contratos de compra de material sanitario. Ocurrió en 2024. Difícil que el PP de Feijóo no supiera nada.
Cuatro años después, la segunda fase de la investigación estalla en uno de los principales feudos del PP en la comunidad autónoma y a siete meses de unas elecciones donde Juan Manuel Moreno deberá pelear cada voto para retener la mayoría absoluta ante el auge de Vox.
Almería es el principal granero de la derecha. Y los de Santiago Abascal van a apretar mucho. Hasta el punto de que Vox estaba personado en la causa como acusación popular, pero en 2023 optó por abandonar la personación. Hasta ayer. El martes, el líder de Vox anunció su intención de volver a ser parte de la instrucción judicial.
El presidente andaluz dijo el martes, poco después de las detenciones, no tener “ninguna información” sobre el caso y los registros salvo lo que pudo leer en “los teletipos las distintas agencias de información”. “Desconozco exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación”, zanjó.
Este miércoles, los dirigentes y diputados rasos del PP repitieron el argumentario. Todas las personas del partido consultadas por los periodistas en los pasillos del Congreso optaron por el silencio o por hacerse los recién enterados. Todos se afanaron, además, en diferenciar con fruición este caso con el ‘caso Cerdán’ 24 horas después del informe de la UCO que señala por primera vez el rastro del dinero que se llevó el ex secretario de Organización socialista, liberado tras cinco meses en prisión preventiva.
“Son dos casos radicalmente distintos”, afirmó el secretario general del PP, Miguel Tellado, en una comparecencia ante los medios durante la sesión de control al Gobierno. Su objetivo: no desviar el foco del ‘caso Cerdán’. “Todavía no conocemos demasiado lo ocurrido en la Diputación de Almería”, afirmó.
Por la tarde, Moreno presentó en Madrid su primer libro, ‘Manual de convivencia’. En una conversación con la presentadora de informativos de Antena 3 Sandra Golpe, Moreno dijo que recibieron con “sorpresa y estupor” una “noticia muy desagradable y triste”. “Nosotros tomamos una decisión sin haber leído el auto y sin sentencia, y les suspendimos”, añadió. “Chapó”, replicó la comunicadora.
“Vamos a estar pendientes, vamos a esperar al jueves” cuando los detenidos declaran, se comprometió ante un auditorio plagado de afines y periodistas. En la primera fila, Alberto Núñez Feijóo y el expresidente Mariano Rajoy, bajo cuyo mandato fue secretario de Estado de Sanidad y puso en marcha los recortes milmillonarios en contrapartida al rescate de Bruselas.
La doble estrategia de negación no fue una coincidencia. Las direcciones nacional y autonómica hablaron en la tarde del martes, cuando el PP andaluz anunció la suspensión de militancia de los detenidos y la apertura de un expediente informativo. Fue una conversación rápida, pero fructífera.
“Yo sé lo que pasa ahí”
Para poner más distancia por medio e intentar que no le salpique, en el PP nacional y en el andaluz se afanan en señalar que fue la anterior dirección de Pablo Casado quien colocó a Javier Aureliano García al frente del PP de Almería, así como al resto de dirigentes tanto del partido como de la diputación. La referencia al pasado no es baladí. Moreno fue un enemigo declarado de Pablo Casado durante el congreso que llevó al madrileño a lo más alto de la cúpula del PP. El andaluz apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría. Y Casado y su equipo no se lo perdonaron.
Le monitorizaron durante su primer mandato al frente de la Junta de Andalucía y le impusieron parte del equipo de Gobierno. Almería, según coinciden todos los dirigentes consultados, es el territorio menos controlado por la dirección autonómica del PP. Y los detenidos, más bien enemigos que amigos de Moreno, sostienen. Con todo, el actual consejero de Agricultura andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, es el secretario general del PP de Almería y, desde ayer, principal mandatario de la organización provincial, tal y como recordó el presidente de la Junta este miércoles en Madrid.
Desde el PP sostienen que Moreno no tiene capacidad de control sobre el partido en Almería, que está dominado por un grupo de personas que controlan los resortes y no rinden cuentas a la dirección autonómica. La táctica del avestruz choca con la realidad de los hechos. Y con la posible evolución de la instrucción judicial, que este miércoles deparó nuevas detenciones. En el PP andaluz temen que el caso crezca y afecte a más gente, porque los contratos bajo sospecha no son solo los de la pandemia, sino otros firmados por otras instituciones. Hay quien defiende que la anterior dirección nacional exigía unas explicaciones que la actual no hace.
Entre los silencios en el Congreso destacó una breve confesión de un veterano diputado precisamente por Almería, pero con muy poca presencia actualmente: “Yo nunca he querido poder ejecutivo porque yo sé lo que pasa ahí”. Una afirmación que choca con la de quienes sí tienen hoy todo el poder en el PP, tanto en Andalucía como a nivel nacional.

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