La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha inhabilitado dos años a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos por la filtración del correo del novio de Ayuso. Los magistrados, por mayoría, han impuesto al fiscal general del Estado a una multa de 7.200 euros y le obligan a indemnizar con 10.000 euros por los daños morales a Alberto González Amador y al pago de las costas de su abogado.

La sentencia íntegra se conocerá en los próximos días. Mientras tanto, el Gobierno se mantiene prudente, mostrando "su reconocimiento a García Ortiz como fiscal y su defensa de la verdad". El Ejecutivo respeta el fallo del Supremo, pero no lo comparte.

"No se ha hecho aún pública la sentencia. A la espera de conocerla y analizarla en detalle, el Gobierno tiene la obligación legal de respetar el fallo

See Full Page