A tres meses de la resolución presidencial que otorgó el estatus de gestores de paz a 16 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la Defensoría del Pueblo solicitó al Consejo de Estado la nulidad de dicha medida, argumentando la falta de claridad sobre las funciones asignadas a los beneficiarios y advirtiendo sobre los riesgos políticos y sociales que implica su vigencia.

El documento presentado por la Defensoría, de 56 páginas y firmado por Iris Marín Ortiz, actual titular de la entidad, fue remitido al alto tribunal con el objetivo de que se declare la nulidad de la resolución 327 del 21 de septiembre de 2025.

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Esta resolución, emitida por la Presidencia de la República bajo la administración

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