Cuando Gustavo Petro designó a 16 exjefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz en su política de paz total, no lo hizo como lo exige la ley y dejó desprotegidas a las víctimas. Esa es la base de la demanda que la defensora del Pueblo, Iris Marín, radicó en el Consejo de Estado para que revise y anule la resolución de la Presidencia de la República a través de la cual, en septiembre pasado, fueron designados en esos cargos varios exparamilitares. Todo esto, dice Marín, puede afectar gravemente los...

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