El pronunciamiento del presidente de Transición, José Jerí, sobre el futuro del sistema penitenciario abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y el personal del Instituto Nacional Penitenciario . La autoridad informó que el Ejecutivo solicitó facultades al Congreso para iniciar un proceso que reemplazaría al INPE por una nueva entidad encargada del internamiento y la resocialización de personas privadas de libertad. La propuesta fue presentada como parte de un paquete de medidas para reforzar la seguridad ciudadana y combatir la criminalidad organizada.

El planteamiento tuvo repercusión inmediata dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios, cuyos integrantes expresaron rechazo a la eventual desaparición de la institución. Los dirigentes afirmaron que la r

See Full Page