La Fiscalía General de la Nación ha decidido imputar cargos contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por su supuesta implicación en un escándalo de corrupción que afecta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que la solicitud de imputación se presentará probablemente mañana. Esta acción legal se había anticipado desde hace meses, especialmente tras la fuga del exdirector de Dapre, Carlos Ramón González, quien se encuentra actualmente en Nicaragua. González es otro de los principales involucrados en este caso. Varios testigos han señalado a Bonilla como el responsable de facilitar el presupuesto y gestionar contratos destinados a comprar la lealtad de congresistas. Entre los testimonios más impactantes se encuentra el de su exasesora, María Alejandra Benavides, quien ha recibido inmunidad total a cambio de su colaboración. Benavides ha declarado que actuó bajo órdenes y sin intención de delinquir. Otro testigo clave es Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien ha revelado cómo se orquestó el saqueo de la entidad. López ha indicado que Bonilla participó en un “cónclave” el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, donde se acordó que la UNGRD recibiría proyectos y recursos específicos para ser canalizados a congresistas a cambio de apoyo en la aprobación de empréstitos. López ha proporcionado pruebas de su ubicación en la fecha mencionada, lo que facilitaría la verificación de su testimonio. Según su relato, Bonilla y otros funcionarios discutieron cómo entregar contratos a miembros de la Comisión de Crédito Público para asegurar su respaldo. El 11 de diciembre, el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Bonilla, transfirió 700.000 millones de pesos mediante la Resolución 3202. Posteriormente, Bonilla se reunió con López el 15 de diciembre, en un encuentro que también incluyó a Benavides. Recientemente, se ha informado que el computador de Benavides ha desaparecido del Ministerio, lo que añade un nuevo elemento a esta compleja trama de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía continúa investigando este caso, que ha captado la atención del país debido a su magnitud y las implicaciones legales que conlleva.