La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este martes por unanimidad admitir a trámite la petición de amparo formulada por la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana de València, Nuria Ruiz Tobarra, informan fuentes jurídicas a elDiario.es. La magistrada denunció que el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) incurrió en una “grave intromisión” en el ejercicio de su función jurisdiccional y reclamó amparo al órgano de gobierno de los jueces. Ahora, el órgano da 10 días a la corporación profesional para que efectúe alegaciones. 

Los hechos se remontan a hace unas semanas, cuando el ICAV pidió a la magistrada que cesara en el “descrédito” hacia el abogado José María Bueno Manzanares , que defiende a Emilio Argüeso, ex secretario autonómico de Emergencias investigado en la causa, según publicó Valencia Plaza.

Bueno Manzanares había acudido al IVAC en busca de amparo tras la decisión de la instructora de abrir una pieza separada para “determinar la procedencia” de sancionarle por el contenido de un escrito en el que lanzaba graves insinuaciones sobre ella y su marido, Jorge Martínez Ribera, titular del Juzgado de Instrucción 4 de València. En ese mismo auto, la jueza reveló que un abogado grabó “subrepticiamente” a su marido y a su hija menor de edad, en la sala de vista tras unas declaraciones. 

Por otro lado, el ICAV también concedió amparo a la letrada Pilar Esquinas, que ejercía la acusación particular de Yolanda Garrido Rosa, que perdió el 29 de octubre de 2024 a su hermano, su cuñada y a su sobrino de cuatro años. La jueza acabó expulsando a la letrada Pilar Esquinas.

En un auto, afirmó que Yolanda Garrido la había amenazado en una manifestación en Madrid y reseñaba la retahíla de bulos que han amplificado tanto Garrido como su abogada, ambas del mundo conspiranoico. La instructora consideró que incurría en una “total coincidencia con la postura” de la defensa del investigado Emilio Argüeso, que supone un “manifiesto abuso de derecho y un claro fraude procesal”.

En su escrito al CGPJ, la magistrada afirmó que los requerimientos efectuados por el ICAV “constituyen una grave intromisión en el ejercicio de la función jurisdiccional”. Y añadió: “Pese a que ya se alertaba de manera clara en las alegaciones que efectué frente a las quejas formuladas por las representaciones del investigado Emilio Argûeso Torres y la representación de Yolanda Garrido Rosa, el ICAV efectúa valoraciones y requerimientos sobre cuestiones que están sometidas plenamente al oportuno control jurisdiccional”, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La ley del Poder Judicial establece en su artículo 14 que los jueces y magistrados que se consideren “inquietados o perturbados en su independencia” lo pondrán en conocimiento del CGPJ, sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico.