Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, ha declarado que su vida cotidiana no ha cambiado tras su destitución. Sin embargo, confiesa que ha imaginado diversos escenarios, incluyendo la posibilidad de enfrentar prisión en el contexto de un escándalo de corrupción en el que se le acusa de tener un papel central. Este temor se intensifica tras la formalización de su pareja, Gonzalo Migueles, por cohecho reiterado y lavado de activos.

En una entrevista con la Unidad de Investigación de Bío Bío, Vivanco, de 62 años, se declaró inocente de las acusaciones. Asegura que su relación con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos no era cercana, lo que justifica su decisión de no inhabilitarse. Además, sostiene que nunca recibió dinero de ellos. Aunque no confirma ni niega los pagos que, según el Ministerio Público, recibió su pareja, enfatiza que sus finanzas eran personales y que no hay conexión entre esos pagos y sus decisiones judiciales a favor del consorcio Belaz Movitec.

Vivanco no muestra arrepentimiento por sus acciones como jueza y critica a los funcionarios de la Corte Suprema que testificaron en su contra. "El procedimiento de mi remoción se transformó en una chismografía de relatores que nunca hicieron ninguna denuncia antes y que, de repente, se sintieron llamados a hacer denuncias", afirmó, sugiriendo que pudieron haber recibido garantías para hacerlo.

La exmagistrada, quien pasó de ser docente en la Pontificia Universidad Católica a ocupar un puesto en la Corte Suprema, ahora enfrenta un escándalo de corrupción que ha sacudido el sistema judicial. Desde su hogar, ha optado por no asistir a las audiencias de su pareja y no lo ha visitado en prisión, donde lleva un mes recluido. Explica que "hubo mucho espectáculo" y que no quería generar una "cuestión mediática que es bueno evitar".

Gonzalo Migueles ha solicitado que su familia no lo visite en la cárcel, y Vivanco respeta esa decisión. La comunicación entre ellos se limita a través de sus abogados. El Ministerio Público sostiene que los abogados del consorcio Belaz Movitec habrían entregado al menos $57 millones en sobornos a Migueles a cambio de que Vivanco fallara a su favor, lo que resultó en un pago de más de $17 mil millones por parte de Codelco.

Vivanco niega haber recibido sobornos y describe la relación de su pareja con los abogados como buena, aunque no estaba al tanto de los detalles. Su apretada agenda como jueza y académica le dejaba poco tiempo para conocer a los amigos de Migueles. La situación actual de Vivanco refleja la complejidad de un caso que ha captado la atención pública y que sigue desarrollándose en el ámbito judicial.