Colombia entra al 2026 con una agenda compleja y, sobre todo, con la necesidad urgente de recuperar la capacidad del Estado para responder con precisión, transparencia y rigor. Los problemas no son abstractos: inseguridad creciente en corredores rurales, pérdida de dinamismo económico, instituciones fragmentadas y una ciudadanía que exige resultados tangibles. Estas realidades no se resuelven con promesas; requieren sistemas públicos que funcionen y territorios capaces de sostenerlos. Desde mi experiencia en la Fiscalía, en los órganos de control y en la administración local, he visto cómo las decisiones correctas —o la ausencia de ellas— marcan la estabilidad de una región. Boyacá es prueba de ello.

En seguridad, Colombia vive fenómenos simultáneos: tránsito de economías ilegales, presen

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