La Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación al exprocurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Atlántico, Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado, por presuntas actuaciones irregulares que permitieron la venta de dos predios, conocidos como Cuba y Casablanca, ubicados en el corredor vial entre Barranquilla y Puerto Colombia.

Las evidencias recopiladas indican que, entre 2009 y 2010, los funcionarios avalaron un acuerdo que dio vía libre a la comercialización directa de los terrenos, desconociendo que ambos estaban afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio. La transacción en su momento ascendió aproximadamente

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