La apertura del Año Judicial ha comenzado en medio de una intensa controversia. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asistió al acto a pesar de su situación procesal, que lo coloca al borde de un juicio por un presunto delito de revelación de secretos. García Ortiz afirmó ser "plenamente consciente" de su situación, pero defendió su presencia diciendo que cree "en la justicia y en la verdad".

El evento, presidido por el rey Felipe VI, ha generado críticas tanto del Gobierno como de la oposición. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, rechazó las "inoportunas y rechazables" descalificaciones hacia la justicia por parte del Gobierno. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba en una visita a León, mientras que el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, decidió no asistir al acto, lo que ha intensificado el debate sobre la legitimidad de la presencia de García Ortiz.

El fiscal general, en su discurso, subrayó su compromiso con la justicia y la independencia del Poder Judicial. "Si estoy aquí, como fiscal general del Estado, es porque creo en la Justicia y en las instituciones que la conforman", declaró. Sin embargo, su asistencia ha sido cuestionada por varias asociaciones de jueces y fiscales, que pidieron que no participara en el acto debido a su procesamiento.

El debate se ha extendido al CGPJ, donde los miembros progresistas argumentan que la ley exige la presencia del fiscal general, mientras que los conservadores piden su ausencia. El Gobierno ha expresado su deseo de que la ceremonia se desarrolle con "normalidad institucional", a pesar de las críticas del PP, que considera que la situación es un "espectáculo lamentable".

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también se unió a las críticas, afirmando que hay jueces cuyas conductas son "irregulares", aunque reconoció que la mayoría realiza un "trabajo magnífico". En este clima de tensión, la apertura del Año Judicial se presenta como un evento cargado de simbolismo y controversia, reflejando las divisiones políticas y la crisis de confianza en las instituciones judiciales.