El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE) ha decidido archivar un caso que involucra al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por una supuesta infracción a la neutralidad electoral. Esta decisión se produce a pocos meses de las Elecciones Generales de 2026. A pesar de la presencia de 53 elementos proselitistas en las calles, el JEE determinó que no había pruebas suficientes para demostrar que López Aliaga utilizó su cargo para hacer campaña política.

El informe de fiscalización había señalado la existencia de murales, paneles y pancartas que promovían a López Aliaga como candidato presidencial, con frases como "presidente 2026" y el logo de su partido, Renovación Popular. Sin embargo, el JEE concluyó que "no se ha acreditado que esos actos cumplan con las condiciones necesarias para atribuir infracciones en materia de neutralidad". Esto significa que no se pudo establecer que la propaganda estuviera vinculada a actividades oficiales del alcalde.

El JEE también hizo hincapié en que, aunque los elementos verificados contenían un mensaje proselitista, no se cumplían las condiciones requeridas por el Reglamento para considerar que había una infracción. En su defensa, López Aliaga negó haber ordenado o financiado la colocación de estos elementos, afirmando que no fueron generados en el ejercicio de su cargo.

Además, el JEE exhortó a López Aliaga a abstenerse de realizar actividades proselitistas mientras continúe en funciones como alcalde. La resolución también recordó que, si decide postularse en las elecciones de 2026, deberá presentar su renuncia seis meses antes del proceso electoral.

La decisión del JEE ha generado controversia, especialmente por la trayectoria de algunos de sus miembros. El presidente del JEE, Hugo León Manco, y el fiscal Edmundo Calderón Cruz han sido objeto de críticas por sus vínculos con esferas de poder cuestionadas. León Manco fue designado por la presidenta Dina Boluarte y Calderón Cruz ha sido señalado por favorecer a un narcotraficante en un dictamen anterior.

A pesar de la controversia, el JEE ha instado a continuar con la evaluación de la propaganda en las calles para determinar si existen indicios de infracción a la regulación sobre propaganda electoral.