Los independentistas de Junts se han unido una vez más al PP  y a Vox para tumbar este martes en el Pleno del Congreso de los Diputados otra propuesta del Gobierno de coalición. En esta ocasión, la nueva derrota propinada al Ejecutivo de Pedro Sánchez ha servido para rechazar la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Sumar para crear la Oficina de Prevención de la Corrupción.

Este nuevo revés para el Ejecutivo de coalición del PSOE y Sumar se suma a una larga lista de medidas fracasadas en el Congreso gracias a la unión del PP, Vox y Junts. Los votos de los tres partidos impidieron que la semana pasada se tramitara la ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La propuesta era una de las medidas estrella de la legislatura desde el Ministerio de Trabajo, encabezado por la vicepresidenta Yolanda Díaz.

El texto rechazado este martes ha recibido el apoyo de todos los socios de investidura, salvo Junts, que ha votado en contra, mientras que el diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, se ha abstenido. Lo que proponía Sumar era crear un nuevo organismo de derecho público con personalidad jurídica propia, independencia orgánica y funcional y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.

El nuevo organismo tendría como objetivo prevenir, detectar, investigar y erradicar la corrupción, el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos, así como cualquier aprovechamiento irregular derivado de conductas que impliquen conflicto de intereses o utilización indebida de información pública en beneficio privado. Además, la Oficina debería fomentar valores y principios de integridad pública, impulsar una cultura de buenas prácticas y promover el buen gobierno en la ciudadanía, así como atajar la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y actuaciones administrativas.

La proposición de ley incluía un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves, un sistema de prescripción de sanciones y la creación de un Registro Central de Infracciones, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.